La Corte Suprema desestimó este miércoles las alegaciones de que el gobierno de Biden presionó indebidamente a las empresas de redes sociales para que eliminaran contenidos polémicos.
Este fallo anuló una orden judicial anterior que podría haber limitado las interacciones del gobierno con estas plataformas, lo que desató un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la influencia gubernamental.
La sentencia, de 6 votos a favor y 3 en contra, consideró que los demandantes, entre los que se encontraban los fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri y cinco usuarios de medios sociales, carecían de legitimación suficiente para presentar una demanda.
Escribiendo para la mayoría, la jueza conservadora Amy Coney Barrett destacó la ausencia de daños concretos causados por funcionarios gubernamentales específicos.
" De hecho, las plataformas, actuando de forma independiente, habían reforzado sus políticas de moderación de contenidos preexistentes antes de que los acusados del gobierno se involucraran", declaró Barrett.
Esta acción independiente de las plataformas para reforzar sus políticas de contenidos socavó las alegaciones de los demandantes de un daño inducido por el gobierno.
Acusaciones de Biden sobre las redes sociales
Aunque reconoció que los funcionarios gubernamentales "desempeñaron un papel" al influir en las decisiones de moderación de contenidos, Barrett argumentó que las pruebas no respaldaban un requerimiento judicial exhaustivo.
Los demandantes no habían logrado vincular directamente los casos anteriores de moderación de contenidos con las interacciones entre los funcionarios gubernamentales y las empresas de redes sociales.
Por el contrario, el juez Samuel Alito, al que se unieron los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch, escribió un disenso en el que destacaba la importancia del caso para los derechos de libertad de expresión.
Alito describió las acciones del gobierno como "descaradamente inconstitucionales", sugiriendo que tal coacción, aunque sutil, sienta un peligroso precedente.
"La decisión del tribunal permite que un patrón exitoso de coacción sirva de modelo para futuros funcionarios que pretendan controlar el discurso público", advirtió Alito.
Antecedentes
La demanda surgió a raíz de las acciones encaminadas a frenar la información falsa sobre el Covid-19 y las elecciones presidenciales de 2020.
Inicialmente, un juez de distrito de Luisiana prohibió a los funcionarios del gobierno cualquier forma de comunicación con las empresas de medios sociales que pudiera considerarse que les instaba o presionaba para que eliminaran discursos protegidos.
Este fallo fue reducido posteriormente por el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EEUU, aunque mantuvo las restricciones sobre las acciones coercitivas de la Casa Blanca, el FBI y los altos cargos sanitarios.
El caso llama la atención sobre la práctica del "jawboning", en la que el gobierno se apoya en entidades privadas para lograr sus objetivos, a veces insinuando consecuencias negativas si no se cumple.
La Corte también abordó otro caso de "jawboning" esta legislatura, fallando a favor de la Asociación Nacional del Rifle, que alegaba haber sido presionada ilegalmente por un funcionario del estado de Nueva York.
Quienes se oponen a la moderación de contenidos inducida por el gobierno argumentan que tales acciones violan la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
