La Corte Suprema desestimó el viernes un desafío constitucional contra las regulaciones establecidas por una pequeña localidad de Oregón que sancionan a las personas sin hogar por dormir en espacios públicos cuando no disponen de alternativas habitacionales.
En una votación de 6-3, la mayoría conservadora de la Corte anuló la decisión del Noveno Circuito, afirmando que estas ordenanzas no violan la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales.
Impacto en personas sin hogar y jurisdicciones afectadas
En 2022, el Noveno Circuito falló a favor de los demandantes sin hogar. Éstos argumentaron que la aplicación de dichas ordenanzas contra las personas obligadas a dormir a la intemperie debido a la falta de refugios era inconstitucional.
Esta decisión afectó a 9 estados de su jurisdicción, entre ellos California, un estado con altos índices de personas sin hogar.
El Noveno Circuito declaró que Grants Pass no podía penalizar a las personas sin hogar por buscar un refugio básico al aire libre o en sus vehículos, especialmente "cuando no hay espacio disponible para refugios" en la ciudad.
Esto restringía a ciudades como Grants Pass la posibilidad de desalojar campamentos de personas sin hogar en determinadas condiciones.
La reciente sentencia de la Corte Suprema anula la decisión del Noveno Circuito, otorgando a Grants Pass la autoridad para hacer cumplir estas ordenanzas sobre los sin techo.
La ciudad puede ahora imponer multas y órdenes de exclusión a las personas que duerman o acampen en una propiedad pública. Algunos se enfrentan a multas de cientos de dólares a pesar de carecer de otras opciones de alojamiento.
Situada a unos 250 kilómetros al sur de Portland, Grants Pass aplica múltiples leyes para reducir los campamentos de personas sin hogar. Entre ellas se incluye la prohibición de acampar en parques y terrenos públicos, lo que repercute significativamente en las personas con escasos recursos de alojamiento.
Críticas y defensa de las ordenanza
Los defensores de los sin techo argumentaron ante la Corte que estas ordenanzas criminalizan a los sin techo, empeorando la crisis humanitaria al desplazar a las personas sin hogar en lugar de ofrecerles soluciones. Sostuvieron que las leyes no resuelven la escasez de viviendas.
Los críticos también señalaron que desplazar a las personas sin hogar a zonas vecinas desplaza la crisis sin abordar la necesidad real de vivienda. Funcionarios locales de Los Ángeles, San Francisco y otras ciudades afectadas apoyaron la postura de los demandantes.
Intervención de la Administración Biden
La administración Biden presentó un escrito en el que afirmaba que las leyes que prohíben dormir en la propiedad pública son ilegales "si se aplican de forma que impidan a las personas residir en cualquier lugar de una jurisdicción donde no se disponga de alojamiento".
La administración no apoyó a ninguna de las partes, pero subrayó la importancia de proteger a las personas sin hogar de medidas punitivas cuando las opciones de refugio son insuficientes.
Este caso se originó cuando un grupo de personas sin hogar desafió la aplicación de las ordenanzas de Grants Pass, destacando la escasez de espacio disponible para refugios.
Los funcionarios de la ciudad sostuvieron que estas leyes son vitales para impedir el crecimiento descontrolado de campamentos de personas sin hogar y animar a los individuos a buscar alojamiento.
La ciudad remite a las personas sin hogar a un refugio gestionado por una organización religiosa con capacidad limitada y condiciones de entrada que algunos consideran inaceptables.
