A raíz de la promesa de Donald Trump de ejecutar el "mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos", experimentados funcionarios de su anterior administración ofrecieron una perspectiva desde dentro.
Destacan que tal misión requeriría un enfoque de "todo el gobierno" y costaría miles de millones de dólares ejecutarla.
Determinar el número exacto de indocumentados que residen en EEUU plantea un reto. Durante un debate presidencial el 29 de junio, Trump estimó que eran 18 millones, y un exfuncionario sugirió que podrían ser hasta 30 millones.
Los datos gubernamentales de enero de 2022 sitúan la cifra en algo menos de 11 millones, lo que supone un ligero aumento respecto a los 2 años anteriores, pero inferior al total de 11.6 millones de 2010.
Históricamente, las cifras de deportaciones se mantienen relativamente modestas. Bajo el primer mandato de Trump, las estimaciones indican 935.089 deportaciones.
En comparación, la administración Biden supervisó un estimado de 339.751 deportaciones hasta la fecha. La plataforma de la Convención Nacional Republicana sugiere un enfoque mucho más agresivo si Trump vuelve al cargo.
Perspectivas sobre deportación masiva
La semana pasada, según Semafor, un exdirector interino del ICE bajo el gobierno de Trump, que es visto como un posible jefe del Departamento de Seguridad Nacional en una segunda administración de Trump, dijo en una conferencia conservadora: "Todavía no han visto nada. Esperen hasta 2025".
“Trump regresa en enero”, dijo Tom Homan. “Lo seguiré de cerca cuando regrese y dirigiré la fuerza de deportación más grande que este país haya visto jamás”.
El director en funciones del ICE, Patrick J. Lechleitner, subraya la naturaleza polifacética de este tipo de operaciones. La deportación masiva implica la obtención de documentos de viaje, la coordinación con los países de acogida y la organización de vuelos, todo ello mientras se gestionan importantes gastos y retos logísticos.
Para las personas que no están detenidas, el proceso de deportación puede durar años. "Eso requiere muchos recursos", admitió Lechleitner, señalando el seguimiento continuo que requieren estos individuos.
Abigail Andrews
Andrews, una profesora de estudios urbanos en la Universidad de California en San Diego, expresó su escepticismo sobre la viabilidad de un esfuerzo de deportación masiva.
Destaca que la mayoría de los deportados son detenidos a través de interacciones con las fuerzas de seguridad locales y no mediante redadas directas del ICE. “No hay forma logística de rastrear a 10 o 12 millones de inmigrantes indocumentados con los empleados que ICE tiene actualmente”, dijo.
Ammon Blair
Ammon Blair, antiguo agente de la Patrulla Fronteriza, también duda de la viabilidad de la operación propuesta, citando barreras políticas y logísticas. "Sinceramente, no creo que eso suceda", dijo. "En primer lugar, porque creo que es un suicidio político, y en segundo lugar, creo que debemos centrarnos en cuestiones de seguridad nacional".
Blair También dijo que la imagen que se tiene de deportar a los niños podría crear una reacción negativa significativa.
Mark Morgan
Mark Morgan, antiguo comisario en funciones de Aduanas y Protección de Fronteras, sugiere dar prioridad a la deportación de individuos con antecedentes penales graves.
“Una cosa que creo que debemos hacer es perseguir a las ciudades santuario para quitarles su financiación”, dijo Morgan, ahora investigador visitante de la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador.
Implicaciones financieras y logísticas
Las implicaciones financieras siguen siendo una preocupación importante. El presupuesto actual del ICE asigna $420 millones al transporte y la deportación, lo que facilitó la expulsión de 142.580 inmigrantes en 2023.
Ampliar este esfuerzo para deportar al menos 10 millones de personas podría elevar los costes a decenas de miles de millones, lo que requeriría amplios centros de detención y un aumento de la financiación federal.
Mario Russell, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios, coincide en que deportar a millones de personas requeriría la intervención de todos los sectores del gobierno.
“Pero sería una locura, absurdamente caro y contraproducente, por no hablar de profundamente cruel”, afirmó. Su equipo calcula que aproximadamente el 50% de la población indocumentada del país está formada en realidad por personas que se quedaron en el país más tiempo del permitido por sus visas.
Russell recuerda discusiones similares antes del primer mandato de Trump, que no se materializaron en deportaciones masivas. "Uno se pregunta si es más una palabrería que una amenaza", concluyó.
