El organismo español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), inició una investigación sobre la App Store de Apple, centrándose en posibles comportamientos contrarios a la competencia que podrían afectar significativamente a las finanzas del gigante tecnológico.
La CNMC anunció la investigación, expresando su preocupación por las posibles prácticas comerciales desleales impuestas por Apple a los desarrolladores.
Investigación de España en contra Apple
La investigación se inició independientemente de las denuncias externas, lo que subraya el papel económico crucial de las tiendas de aplicaciones en España.
La sonda pretende determinar si el comportamiento de Apple constituye un abuso de su posición dominante en el mercado, violando tanto las leyes españolas de competencia como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Si la CNMC corrobora estas alegaciones, Apple podría enfrentarse a sanciones de hasta el 10% de sus ingresos anuales globales, que podrían ascender a miles de millones de euros. La investigación, que podría durar hasta dos años, se suma a las crecientes presiones regulatorias de Apple en Europa.
Respuesta de Apple
Un representante de Apple respondió afirmando que la compañía "seguirá trabajando con la Autoridad Española de la Competencia para entender y responder a sus preocupaciones", haciendo hincapié en que sus políticas de la App Store son justas, con más del 90% de los ingresos de los desarrolladores libres de comisiones.
La investigación en España refleja un patrón más amplio de aumento del escrutinio regulador sobre la influencia de los gigantes tecnológicos en los mercados digitales. En marzo, la Comisión Europea multó a Apple con $1.840 millones por prácticas antimonopolio relacionadas con aplicaciones de streaming de música.
Además, las conclusiones de la Comisión en junio sugirieron que las normas de la App Store de Apple podrían estar infringiendo la Ley de Mercados Digitales (DMA), cuyo objetivo es fomentar un entorno competitivo en la industria tecnológica, que beneficie especialmente a los actores más pequeños.
La DMA podría imponer sanciones de hasta el 10% de los ingresos globales de una empresa por infracciones. Estos acontecimientos significan la intensificación del escrutinio al que se enfrentan los gigantes tecnológicos y ponen de relieve la evolución de la dinámica entre los organismos reguladores y los operadores de plataformas digitales.
