Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el martes que la barrera flotante instalada en el río Bravo (o Grande) para desalentar a los inmigrantes de cruzar la frontera desde México hacia Texas podrá permanecer en su ubicación por el momento.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, y el fiscal general, Ken Paxton, celebran el fallo que permite al estado mantener la barrera fluvial flotante a lo largo de la frontera.
La decisión hace avanzar la actual batalla legal sobre la autoridad estatal frente a la federal en la gestión de la seguridad fronteriza.
El gobernador Abbott y el fiscal general Paxton argumentan que la barrera flotante es crucial para restringir la inmigración no autorizada hacia Texas.
"El Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de dictaminar que Texas puede MANTENER estas boyas en el agua para proteger nuestra frontera", dijo Abbott en la red social X.
"(El presidente) Biden intentó retirarlas. Yo luché para mantenerlas en el agua. Ahí es exactamente donde se quedarán. ¡¡¡JUSTICIA!!!!"
Disputa legal con la administración Biden
La administración Biden presentó previamente una demanda contra Texas, argumentando que la aprobación federal era esencial para instalar la barrera y planteando preocupaciones sobre la navegación, la seguridad pública y las relaciones internacionales con México. La administración alegó que la barrera planteaba riesgos significativos para estas áreas.
En respuesta, Paxton dijo que el Quinto Circuito encontró que el tribunal federal de distrito "abusó de su discreción cuando ordenó a Texas retirar las boyas que flotan en el Río Grande que impiden que los extranjeros intenten cruzar el río de manera peligrosa para ingresar ilegalmente a Estados Unidos".
"Las boyas pueden permanecer en el río", dijo Paxton. "¡Seguiré defendiendo el derecho de Texas a proteger su frontera de la inmigración ilegal!".
La decisión del tribunal de apelación anuló un mandato judicial preliminar emitido por un tribunal federal de primera instancia. Esta orden judicial había ordenado el cese de las obras de la barrera de 1.000 pies y su traslado a la orilla de un río estatal.
El juez Don R. Willett, que emitió el dictamen, argumentando: "Sostenemos que el tribunal de distrito claramente cometió un error al determinar que Estados Unidos probablemente probará que la barrera se encuentra en un tramo navegable del Río Grande. No podemos conciliar las conclusiones del tribunal de distrito con más de un siglo de precedentes".
El futuro del caso
La batalla legal está lejos de terminar, ya que está previsto que el caso vuelva al tribunal de distrito para un juicio el 6 de agosto en Austin. Este juicio examinará más a fondo la autoridad del estado para desplegar tales barreras sin el consentimiento federal y las implicaciones más amplias para las relaciones fronterizas entre EEUU y México.
Esta sentencia representa no sólo una victoria legal para Texas, sino también un momento emblemático en el debate sobre los derechos estatales frente a la supervisión federal en materia de seguridad fronteriza.
