La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) llegó a un acuerdo de pagar $45 millones y así resolver las demandas de discriminación a trabajadoras embarazadas.
Esta medida tiene su origen en una demanda presentada por más de 1.000 mujeres oficiales y especialistas agrícolas, que alegaron represalias y prácticas discriminatorias en la agencia.
Para garantizar un mejor trato a las trabajadoras embarazadas, el CBP revisará sus políticas de empleo, según informan Reuters y The New York Times. Los abogados que representan a las demandantes esperan que el acuerdo se cierre a finales de septiembre.
Antecedentes de la demanda
La demanda surgió en 2016, cuando se presentó una denuncia inicial ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC). Los documentos del caso revelaron que el CBP asignaba rutinariamente a las trabajadoras embarazadas a "tareas ligeras", independientemente de su capacidad para realizar las tareas habituales, lo que les restringía el cobro de horas extras.
Además, la demanda afirma que las trabajadoras embarazadas tenían que entregar sus armas de servicio al declarar su embarazo y, en algunos casos, tenían que volver a certificarse para portarlas.
Testimonio de una de las demandantes
Los problemas de discriminación en el CBP se pusieron de manifiesto con casos como el de Roberta Gabaldon. En 2015, tras informar a sus compañeros de la oficina de El Paso sobre su embarazo, su supervisor se dirigió ella y le dio una serie de directrices debido a su estado.
“Mi jefe entró en mi despacho y me dijo: ‘Tienes que irte. Tienes que conseguir una nota sobre tu embarazo, y tienes que hacer trabajos ligeros’”, relató Gabaldon, quien es especialista en agricultura.
Legislación infringida
Las demandantes argumentaron que las acciones del CBP infringían la Ley de Discriminación por Embarazo de 1978 y la Ley de equidad para las trabajadoras embarazadas. El CBP, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), negó sistemáticamente haber actuado mal.
El DHS insiste en que asignó tareas ligeras a las trabajadoras embarazadas con su consentimiento. Los funcionarios de la CBP reafirmaron el compromiso de la agencia con un trato justo para todas las trabajadoras en una declaración judicial.
Joseph Sellers, uno de los abogados principales de las demandantes, expresó su esperanza de que los cambios en la política posicionaran al CBP como un modelo de igualdad entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
La portavoz de la CBP, Erin Waters, subrayó la dedicación constante de la agencia a la formación y a la revisión de las políticas. “Somos mejores gracias a estas mujeres fuertes, capaces y resistentes que prestan servicio en todos los niveles, con y sin uniforme”, afirmó Waters.
Este avance marca un cambio significativo dentro del CBP, cuyo objetivo es crear un entorno de trabajo más inclusivo y solidario para las trabajadoras embarazadas.
Las implicaciones de este acuerdo pueden extenderse más allá del CBP, influyendo potencialmente en las prácticas laborales de otras agencias federales.
