Un programa de la administración Biden que se lanzará el lunes permitirá que
algunos cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses sin permiso legal para permanecer en Estados Unidos legalicen su estatus sin salir del país.
Roberto García cruzó de México a Estados Unidos en 2009, buscando una vida mejor para su familia y para sí mismo. Durante ocho años, construyó una vida con su esposa estadounidense y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.
Por desgracia, García sigue siendo el único miembro de la familia sin estatus legal, una situación que intentó rectificar durante siete años a través de un complejo proceso legal que le obliga a regresar a México sin ninguna garantía de reingreso en Estados Unidos.
Inmigrantes sin estatus legal pueden legalizarlo sin salir del país
El proceso estuvo cargado de estrés e incertidumbre. Ahora, la administración del presidente Joe Biden ofrece a García un salvavidas largamente buscado.
A partir del lunes, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal pueden solicitar la legalización de su estatus sin salir del país, lo que trae esperanza a muchos como García. "Por fin hay una luz de que esto es posible", expresó García. "Me imagino que pronto tendré los documentos importantes que tanta gente quiere tener".
Esta medida representa un paso importante en la política de inmigración de EEUU, ya que ofrece a las personas que cumplen los requisitos la oportunidad de eliminar el miedo a la deportación y trabajar para conseguir la ciudadanía.
Sin embargo, este optimismo se ve atenuado por la aprensión: ¿Se enfrentará el programa a desafíos legales? ¿Sobrevivirá a las próximas elecciones? Anunciado por el presidente Biden en junio, el programa permite a los cónyuges que reúnan los requisitos solicitar la "libertad condicional en el lugar", lo que les permite permanecer en el país, obtener una tarjeta verde y, con el tiempo, conseguir una vía hacia la ciudadanía.
Criterios para aplicar en el programa
Los criterios de elegibilidad incluyen la residencia continua en EEUU durante al menos diez años, carecer de antecedentes penales descalificadores y estar casado con un ciudadano estadounidense a fecha de 17 de junio. Los solicitantes también deben pagar una tasa de $580 y aportar una amplia documentación que respalde su caso.
Este programa, del que se espera que se beneficien hasta 500.000 personas y unos 50.000 de sus hijos, simplifica el proceso, antes arriesgado y complicado, de conseguir un estatus legal para los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
La noticia desencadenó una oleada de actividad entre las comunidades de inmigrantes, con organizaciones que pusieron en marcha actividades de divulgación para informar y ayudar a los posibles solicitantes.
Preocupaciones sobre el nuevo plan de Biden
"Definitivamente hay mucho interés, pero también muchas preocupaciones", describió Carolina Castaneda, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes del Valle Central de California.
Los inmigrantes están siendo cautos, dada la posibilidad de demandas republicanas y las preocupaciones sobre la longevidad del programa bajo un posible cambio de administración.
A diferencia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que suscitó un entusiasmo generalizado inmediato, el nuevo programa se encontró con dudas. "La gente dice: 'Esto es bonito, pero ¿cuánto durará?", observó Karla Aguayo, directora de servicios jurídicos de CHIRLA en Los Ángeles.
Su organización se mantiene activa informando a los clientes, aunque observa que hay menos parejas elegibles de lo que las apariencias iniciales podrían sugerir. María Zambrano, otra aspirante esperanzada, subraya la urgencia.
"Tenemos que reaccionar cuanto antes y solicitarlo cuanto antes", recalca. Zambrano, que no regresó a Colombia desde que llegó a EEUU en 2001, ve ahora la oportunidad de asegurar su estatus sin salir del país, evitando así un peligroso proceso de entrevistas en el extranjero.
El abogado especializado en inmigración Charles Kuck aconseja un optimismo cauto, señalando que el momento de la puesta en marcha del programa, justo antes de unas elecciones, introduce riesgos adicionales.
No obstante, García y otros como él se están preparando para aprovechar esta oportunidad. "Mi mayor temor es que no pueda volver" si se ve obligado a marcharse para la tramitación consular, dijo la esposa de García, María. Hay mucho en juego para las familias que confían en esta nueva política.
