La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una de las principales organizaciones latinas de derechos civiles, insta al Departamento de Justicia a que investigue las recientes redadas contra activistas electorales latinos en Texas.
Estas redadas, que forman parte de una investigación sobre fraude electoral dirigida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, alarmaron a la comunidad latina y a los defensores de los derechos civiles.
LULAC subraya que muchos de los objetivos de las redadas son líderes demócratas, voluntarios electorales y ancianos residentes de entre 70 y 80 años.
Gabriel Rosales, director del capítulo de LULAC en Texas, considera que la situación es "alarmante". Además, afirma que los agentes confiscaron teléfonos móviles, ordenadores y documentos con la intensión de intimidar y suprimir a los votantes latinos.
Acciones de LULAC y respuesta política
Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes frente a la oficina del fiscal general en San Antonio, LULAC anunció sus planes de presentar una denuncia por violación de los derechos civiles ante el Departamento de Justicia.
El senador estatal Roland Gutiérrez, presente en la conferencia, planea solicitar una investigación del Senado estatal sobre las redadas, apoyando la petición de LULAC de un escrutinio y una rendición de cuentas inmediatos.
"No se puede atacar a nuestras abuelas", afirmó Domingo García, un destacado dirigente de la LULAC, expresando la creciente indignación de la comunidad por el trato dado a sus ancianos y voluntarios.
Las redadas se produjeron en condados cercanos a San Antonio y en el sur de Texas.
En una declaración la semana pasada, Ken Paxton, republicano, defendió las redadas y dijo que eran parte de una “investigación en curso sobre integridad electoral” iniciada hace dos años para indagar en las acusaciones de fraude electoral y recolección de votos.
La oficina de Paxton guarda silencio sobre detalles concretos, citando el estado activo de la investigación.
La Unidad de Integridad Electoral de la oficina de Paxton está realizando la investigación, que se estableció tras las afirmaciones infundadas de fraude del expresidente Donald Trump después de las elecciones de 2020.
Esto llevó a los estados controlados por los republicanos a adoptar medidas drásticas contra alegaciones de delitos electorales. Sin embargo, los expertos concluyeron que el fraude electoral sigue siendo raro.
Con estos acontecimientos, la comunidad latina y sus defensores esperan la respuesta del Departamento de Justicia. La cuestión central es si estas redadas son necesarias para mantener la integridad electoral o si constituyen una violación de los derechos civiles que busca marginar a los votantes latinos.
