El Tribunal del Distrito Este de Texas emitió esta semana una suspensión administrativa de 14 días en las aprobaciones de libertad condicional en el lugar (PIP) bajo el nuevo programa "Manteniendo a las Familias Juntas" de la Administración Biden, tras una demanda presentada la semana pasada por 16 estados de Estados Unidos que cuestionan el programa.
Durante el período de suspensión administrativa, los solicitantes de PIP pueden seguir presentando solicitudes del Formulario I-131F ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS); sin embargo, la agencia quedará prohibida de aprobar las solicitudes durante este tiempo.
¿Por qué aplican esta suspensión?
La suspensión administrativa es renovable, y el tribunal señaló que espera que haya motivos suficientes para extender la suspensión por períodos adicionales hasta mediados de octubre, mientras continúa el litigio. El caso es Texas et. al. vs. DHS et. al., Caso No. 6:24-cv-00306 (E.D. Tex.).
El propósito de la suspensión administrativa es pausar las aprobaciones bajo el programa PIP mientras el tribunal de distrito considera la legalidad del mismo. El tribunal estableció un cronograma de litigio acelerado, lo que podría resultar en una decisión del tribunal de distrito sobre el fondo del asunto en otoño de 2024. Es probable que haya apelaciones, independientemente de qué parte prevalezca en el nivel del tribunal.
Desde el 19 de agosto, los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que califican para el nuevo programa PIP pudieron presentar solicitudes del formulario I-131F a USCIS.
Si se aprueban para PIP, el cónyuge o hijo obtendrá un período de hasta tres años para solicitar la residencia permanente (una tarjeta verde) dentro de los Estados Unidos a través del proceso de ajuste de estatus, en lugar de tener que salir y aplicar en el extranjero en un consulado estadounidense.
Los beneficiarios también estarán protegidos de la deportación y podrán solicitar autorización de trabajo basada en la libertad condicional durante la validez de su PIP.
Demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional
El 23 de agosto, Texas y 15 estados de Estados Unidos más presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, buscando bloquear el nuevo programa PIP. Los demandantes alegan que el programa es ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al considerarse arbitrario y caprichoso, y que excede la autoridad estatutaria, entre otros motivos.
Los estados estadounidenses pidieron al tribunal que restringiera temporalmente, impidiera preliminarmente, o suspendiera la implementación del programa PIP de inmediato, así como anularlo y prohibirlo de manera permanente. La orden de suspensión administrativa de ayer detiene temporalmente las aprobaciones bajo el programa PIP mientras el tribunal determina si el programa debe ser anulado permanentemente como ilegal.
A pesar de la prohibición temporal en la aprobación del Formulario I-131F por parte de USCIS, los cónyuges e hijos indocumentados calificados de ciudadanos estadounidenses pueden continuar explorando su idoneidad para el nuevo programa PIP caso por caso y presentar solicitudes del Formulario I-131F cuando sea apropiado.
¿Cuál será el resultado?
Sin embargo, los solicitantes deben ser conscientes de que no se sabe cuánto tiempo pueden continuar las etapas posteriores del litigio en interrumpir las aprobaciones bajo el programa PIP o cuál será el resultado final de la litigación actual. Además, independientemente de cuál parte prevalezca en el nivel del tribunal de distrito, es probable que haya apelaciones a tribunales superiores.
Es fundamental que los solicitantes potenciales consulten con un asesor de inmigración calificado para discutir los riesgos y beneficios del PIP antes de proceder con una solicitud. Si usted o su organización tienen preguntas sobre el nuevo programa y el impacto del litigio en curso, comuníquese con su profesional designado de Fragomen.
