El proyecto de ley 1840 de la Asamblea, una propuesta que busca ofrecer a ciertos inmigrantes indocumentados la oportunidad de acceder a préstamos para adquirir viviendas, está generando discusión mientras se tramita en la Legislatura de California.
Este proyecto, que fue aprobado por el Senado estatal con 25 votos a favor y 14 en contra, tiene como objetivo el programa Sueño para Todos de California.
Garantiza que los solicitantes no sean descalificados basándose únicamente en su estatus migratorio. La Agencia de Financiación de la Vivienda de California opera este programa, generando ingresos a través de préstamos hipotecarios en lugar de dólares de los contribuyentes.
El programa ofrece préstamos de revalorización compartida, lo que significa que los compradores de su primera vivienda deben el importe original del préstamo más el 20% de cualquier revalorización del valor de la vivienda, en lugar de pagar intereses.
Estos préstamos cubren hasta el 20% del precio de compra, o 150.000 dólares, ayudando con los pagos iniciales o los costes de cierre.
Acompañan a una hipoteca de tipo fijo a 30 años de la agencia, sin que se adeuden pagos por el préstamo de revalorización compartida hasta que se liquide la hipoteca principal.
Lo que se sabe sobre el proyecto de ley para inmigrantes indocumentados en California
El gobernador Gavin Newsom hizo hincapié en la misión más amplia del programa, declarando: "Como parte de los esfuerzos integrales del estado para mejorar la asequibilidad, crear riqueza generacional y desbloquear el acceso a la vivienda, Sueño para Todos está allanando el camino a casa para miles de californianos".
El importante apoyo a la ley sugiere que podría anular un veto, aunque no está claro si Newsom la convertirá en ley.
Si se promulga, el proyecto de ley permitiría a los prestatarios indocumentados con un número de la Seguridad Social o un Número de Identificación Fiscal Individual válidos solicitar préstamos, siempre que cumplan los criterios de residencia y documentación.
Esta inclusión permite a los no ciudadanos que pagan impuestos, como los beneficiarios del DACA, participar en el programa.
Los defensores argumentan que el proyecto de ley garantiza que todos los contribuyentes del estado puedan optar a la ayuda.
"La propiedad de la vivienda es uno de los mayores contribuyentes a la creación de riqueza para las familias de ingresos bajos y medios. Sin embargo, existen muchas barreras de acceso, sobre todo para las comunidades de color. California está orientada hacia las soluciones y ha aplicado políticas que hacen de la propiedad de la vivienda una realidad para los californianos”, declaró a ABC Cynthia Gómez, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.
Críticas
Los críticos se oponen al uso de recursos estatales para los indocumentados, alegando la escasez de fondos.
El representante estatal Joe Patterson expresó su oposición, a ABC: “No puedo apoyar el uso de nuestros limitados dólares para personas que son indocumentadas cuando tenemos fondos muy limitados”.
Mientras que la campaña de Trump calificó el proyecto de 'fundamentalmente injusto, pero típica política demócrata'.
El Comité de Asignaciones del Senado reconoció a mediados de agosto que el impacto financiero de la expansión del programa sigue siendo incierto.
Sin embargo, la Agencia de Financiación de la Vivienda de California sugirió que la actualización de la normativa supondría unos costes menores y manejables.
Este debate surge mientras la inmigración sigue siendo un tema clave para los votantes de 2024. California, que alberga la mayor población de indocumentados con una cifra estimada de 1,85 millones en 2021, se enfrenta a una crisis de la vivienda.
Con viviendas de precio medio que superan los 700.000 dólares -el doble de la media nacional- y el 28% de la población estadounidense sin hogar, las decisiones legislativas de California sobre programas de vivienda están sometidas a un intenso escrutinio.
