A solo días de las elecciones, Virginia protagonizó una intensa batalla legal por aproximadamente mil 600 votantes, cuyos registros fueron eliminados como parte de un programa estatal iniciado por la Orden Ejecutiva 35 del gobernador Glenn Youngkin.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el miércoles 30 de octubre que el estado reanudara su purga de registros de votantes que, según funcionarios, tiene como objetivo impedir que voten las personas que no son ciudadanos estadounidenses.
Los jueces concedieron una apelación de emergencia de la administración republicana de Virginia para quitar del padrón electoral a los mil 600 votantes.
La medida —que enfrentó demandas de grupos civiles y el Departamento de Justicia— se sujetó a decisiones legales que cambiaron de dirección en menos de tres días. “Estamos decepcionados con la decisión. Nosotros demandamos al estado porque la Orden Ejecutiva 35 ha fallado en verificar adecuadamente la ciudadanía de los votantes afectados, resultando en la eliminación injusta de los registros de ciudadanos naturalizados e incluso de personas que nacieron en los Estados Unidos.
Todo esto justo en vísperas de una elección federal”, expresó a El Tiempo Latino, Mónica Sarmiento, de la Coalición de Virginia para los Derechos de los Inmigrantes, uno de los grupos que presentaron la demanda.
El viernes 25 de octubre, la jueza Patricia Giles de la corte federal en Alexandria, ordenó reinstaurar los nombres en los padrones electorales. El estado apeló, pero su pedido fue rechazado en un Tribunal de Apelaciones. Por lo que el fiscal general del estado, Jason Miyares, llevó el caso a la Corte Suprema.
Controversia por remoción de votantes en VA culmina en la Corte Suprema
Miyares pidió al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, continuar con la orden ejecutiva de Youngkin al argumentar que restaurar los registros de los 1.600 votantes causaría un “daño irreparable” al estado y a sus residentes.
“Los votantes eliminados se identificaron a sí mismos como no ciudadanos, por lo que se les eliminó de los registros”, afirmó, refiriéndose a un formulario que llenan las personas en la Dirección de Vehículos Motorizados al obtener su licencia de conducir, que sirve como documento de identidad.
Sin embargo, algunos de los afectados aseguran ser ciudadanos naturalizados y otros han demostrado que nacieron en los Estados Unidos, según los demandantes.
La Coalición por los Derechos de Votación advirtió que algunos votantes fueron identificados erróneamente como no ciudadanos debido a registros equívocos o desactualizados del DMV.
Controversia
En agosto, Youngkin firmó una orden ejecutiva exigiendo que las listas de votantes se actualicen a diario, en lugar que mensualmente, con la finalidad “de identificar y eliminar a quienes no cumplen con los requisitos de ciudadanía para votar en el estado”.
La orden también intensificó la colaboración entre la División de Vehículos Motorizados (DMV) y la Junta Electoral de Virginia para mejorar la verificación de ciudadanía.
Al final, la medida resultó en la remoción del padrón electoral de alrededor 1.600 personas. Otros números señalan que son más de 5 mil 200 personas, según reportes de The Washington Post.
La cifra de impactados fue revelada como parte de la demanda federal. “El estado no quería dar a conocer el número exacto de impactados, pero a través de la demanda se dio a conocer cuántos habrían sido eliminados”, dijo la activista Lenka Mendoza, presidenta de Dreamer Mothers in Action, quien forma parte de la coalición que presentó la demanda.
Demanda
El Departamento de Justicia y dos grupos de defensa —Liga de Mujeres Votantes de Virginia y African Communities Together— demandaron al estado. Afirmaron que la purga viola la ley federal al privar de sus derechos a los votantes elegibles durante el “período de silencio” de 90 días antes de las elecciones de noviembre.
Joan Porte, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Virginia, expresó su preocupación por la exclusión de ciertos grupos, especialmente inmigrantes y personas de color.
“Basarse en datos obsoletos y defectuosos para eliminar a miles de personas de los registros es imprudente”, afirmó Porte. “Más aún, eliminar a personas de las urnas durante los 90 días anteriores a una elección federal es ilegal y está prohibido por la Ley Nacional de Derechos Electorales”.
Activistas alegan que eliminaron a ciudadanos
Por su parte, Sarmiento afirmó que “es falso afirmar que estas personas que han votado por años porque están registradas ahora no lo puedan hacer porque unos formularios en el DMV dicen que no son ciudadanos”.
“Nuestra investigación realizada por la Junta de Abogados con la que hemos estado trabajando como Lawyers Committee Under Civil Rights, Advancement Project y Project Democracy, ha encontrado que las personas que han sido impactadas son ciudadanos naturalizados, muchos de ellos que han estado votando aquí en Virginia por varios años y que por esta Orden Executiva que no hizo el trabajo de verificar ciudadanía, han sido sacados de las planillas de votantes”, agregó Sarmiento.
Datos equívocos o desactualizados del DMV Grupos civiles aseguran que se está quitando de las planillas los nombres de ciudadanos naturalizados e incluso de los que han nacidos en los Estados Unidos por un error al llenar los formularios en el DMV y no porque no sean ciudadanos.
“Muchos han sido removidos simplemente porque al llenar un formulario del DMV no marcaron la casilla que les preguntaba si eran ciudadanos”, expresó Sarmiento.
“Además, muchos solicitaron su licencia de conducir cuando no eran ciudadanos y después se naturalizaron sin actualizar los datos en sus documentos de manejo. Pero al juramentar como ciudadanos llenaron sus cartillas para votar”, añadió la activista.
De hecho, el director de Elecciones del Condado de Prince William, Eric Olsen, señaló durante una entrevista con The Washington Post que una revisión de 150 de estos votantes eliminados reveló que 43 tenían antecedentes de voto, habiendo confirmado su ciudadanía en varias ocasiones a través de documentos oficiales.
Temor de hablar
Sarmiento dice que el grupo de abogados ha encontrado varios testimonios de ciudadanos que fueron removidos. “Pero algunos temen hablar”, dijo, al contar la situación de un votante nacido en Puerto Rico, que trabaja para el gobierno federal.
“A él lo quitaron del padrón siendo ciudadano por nacimiento. No quiere hablar por temor a que este hecho impacte en su trabajo”, indicó.
Youngkin defendió la medida El gobernador Youngkin defendió el proceso, alegando que elimina a grupos, incluidos los no ciudadanos, que han intentado, ya sea accidental o intencionalmente,
registrarse para votar.
La orden ejecutiva de Youngkin ordenó al DMV estatal que enviara listas de personas que se identificaron como no ciudadanos a la Junta Electoral estatal para su eliminación diaria de las listas de votantes.
La ley estatal de 2006 en la que se basa la orden de Youngkin exigía que este proceso se llevara a cabo mensualmente.
Astrid Gámez, quien ha servido en la Junta Latina Asesora del Gobernador defendió la acción de
Youngkin. “Virginia simplemente está siguiendo leyes promulgadas bajo una coalición bipartidista, incluida una ley de 2006 firmada por el entonces gobernador Tim Kaine, un demócrata. Esta ley requiere que el DMV informe sobre los no ciudadanos que se registran por error para votar”, dijo.
“El gobernador y el fiscal defendieron un enfoque de sentido común para mantener registros de votantes precisos y legales al eliminar a los no ciudadanos cuando se identifican como votantes no elegibles en el DMV”, añadió.
Por qué llegó a la Corte Suprema
El lunes, Virginia solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que interviniera para permitir que el estado elimine de sus registros a los más de mil votantes que cree que no son ciudadanos.
La medida siguió a una apelación del estado frente a un fallo emitido el viernes por la jueza federal Patricia Giles, quien ordenó que Virginia restaure más de mil 600 registros de votantes eliminados en las últimas semanas. La jueza determinó que la eliminación de estos votantes, considerados “supuestos no ciudadanos”, violaba la ley federal de registro de votantes debido a la proximidad de las elecciones.
La apelación de Virginia ante un tribunal federal fue rechazada el fin de semana, lo que llevó a Miyares a llevar el caso ante el Tribunal Supremo.
El gobernador Youngkin, calificó la demanda del Departamento de Justicia como “motivada políticamente”. Mientras tanto, los grupos de derechos de votación argumentaron que muchos de los votantes afectados, como estudiantes universitarios fuera del estado, no podrán cumplir con los requisitos para votar debido a que el plazo de votación por correo ha expirado.
Por último, Miyares ha indicado que los votantes eliminados injustamente podrán volver a registrarse el día de las elecciones, aunque los grupos defensores sostienen que esto no es una solución adecuada debido a las dificultades logísticas para muchos votantes afectados.
Decepción por decisión de la Corte Suprema
La Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes, junto con African Communities Together y la Liga de Mujeres Votantes de Virginia expresaron su decepción y alarma por la decisión de la Corte Suprema.
“Votar es un privilegio sagrado que sólo se concede a los ciudadanos estadounidenses. Los esfuerzos del Gobernador Youngkin y el fiscal general Miyares de apuntar a los votantes ciudadanos naturalizados dieron como resultado la privación del derecho al voto tanto de los ciudadanos por nacimiento como de los ciudadanos naturalizados”, dijo Sarmiento.
“Estamos profundamente decepcionados de que se haya permitido que prevalezcan los viciosos ataques al derecho al voto por parte del gobernador y el fiscal general. Es un suceso peligroso cuando se elimina descuidadamente a ciudadanos estadounidenses legales de las listas electorales”, puntualizó Sarmiento.
