Las ciudades fronterizas de Arizona se enfrentan a una gran transformación en la aplicación de la ley de inmigración con la aprobación de la Proposición 314.
Siguiendo la noticia. Con un 63% de apoyo, esta proposición faculta a las fuerzas del orden locales y estatales de Arizona para detener a los inmigrantes y sancionar los cruces fronterizos no autorizados lejos de los puntos de entrada designados. Estas infracciones, que antes eran responsabilidad federal, pasan ahora a la jurisdicción estatal.
La nueva medida estuvo expuesta en la boleta electoral y fue aprobada
Las autoridades locales deben lidiar con la aplicación de este nuevo mandato. El teniente de la policía de San Luis, Emmanuel Botello, subrayó la urgente necesidad de aumentar la financiación federal para ayudar a estos esfuerzos.
Aseguró a los residentes que el departamento se centra en proteger la vida y la propiedad por encima de todo. No nos dirigimos específicamente a los indocumentados", aclaró Botello, asegurando a los lugareños que su seguridad sigue siendo la máxima prioridad.
Más allá de la aplicación de las leyes de inmigración, la Proposición 314 agrava las penas por la venta de fentanilo con resultado de muerte. Este cambio representa un compromiso más amplio con la prevención de la delincuencia en Arizona.
Puedes leer: ¿Qué pasará con el futuro de los dreamers y cónyuges de ciudadanos tras el bloqueo del parole in place?
Esta legislación ha reavivado el actual debate sobre la seguridad fronteriza en el estado, que se extiende a lo largo de casi 600 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
Los partidarios de la proposición argumentan que reducirá la inmigración ilegal y abordará los delitos relacionados con las vías de acceso de los indocumentados, llenando las lagunas dejadas por los fracasos federales.
Temen por persecución a los inmigrantes
Los críticos, sin embargo, advierten de posibles problemas. Temen la elaboración de perfiles raciales, la actuación policial ilegal, la presión financiera sobre el estado y la sobrecarga de unos recursos policiales ya de por sí limitados.
El mandato de Arizona se hace eco de la controvertida ley SB 4 de Texas, actualmente en pausa debido a impugnaciones legales, lo que plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley de inmigración dirigida por el estado en todo EEUU.
