La presentación de actas electorales ante la cancillería chilena por parte de los representantes de la oposición venezolana marca un hito que trasciende lo meramente protocolar.
Este acto coloca al gobierno de Chile ante una responsabilidad histórica: honrar el principio fundamental de la autodeterminación de los pueblos, una piedra angular consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional.
Chile, como nación que ha reconstruido su democracia, enfrenta una decisión que no solo atañe a su política exterior, sino también a su legado como defensor de los valores democráticos en la región.
No se trata de una postura propia del modelaje para la vitrina, sino de un compromiso con el respeto a la voluntad popular, expresada de manera inequívoca en las urnas por el pueblo venezolano.
El marco constitucional venezolano es claro: el artículo 5 de su Constitución establece que "la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través del voto y el sufragio universal". Este principio no solo es un mandato jurídico interno, sino también un recordatorio de que el poder legítimo emana de las decisiones democráticas.
Cuando un pueblo se expresa a través de las urnas, esa voluntad se convierte en un derecho que trasciende las fronteras y exige el reconocimiento de la comunidad internacional.
La autodeterminación en democracia
La Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2001, es un instrumento fundamental que consagra los principios y valores esenciales de la democracia en el continente americano. Entre sus disposiciones destaca: Artículo 3 "Son elementos esenciales de la democracia (…) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo."
El plebiscito de 1988 en Chile, que marcó el fin del régimen militar, es un ejemplo contundente de cómo la autodeterminación no debe interpretarse como la aceptación pasiva de la imposición de un régimen que contradiga la voluntad del poder originario.
Este evento histórico subraya la capacidad de los pueblos para decidir su destino incluso en condiciones adversas, reafirmando que la soberanía reside únicamente en el pueblo y no en estructuras autoritarias.
Hoy, el caso venezolano pone nuevamente a prueba este principio. Reconocer el triunfo de la oposición en Venezuela no es un asunto de preferencias o afinidades políticas, sino una cuestión de coherencia con los valores que han guiado a la comunidad internacional desde la fundación de las Naciones Unidas. Es también una oportunidad para que Chile honre su propia historia de lucha por la democracia y la autodeterminación.
La historia nos enseña que las decisiones tomadas en momentos críticos definen el legado de las naciones. Chile tiene ante sí la oportunidad de posicionarse del lado correcto de la historia, enviando un mensaje claro de que la autodeterminación y la democracia son valores innegociables.
Este es el momento de actuar con valentía y convicción, no solo para honrar el legado democrático de Chile, sino también para reafirmar que son los pueblos en democracia, y no los gobiernos autocráticos, quienes tienen el derecho de definir su futuro.
