Otra herramienta migratoria que está en la mira de los republicanos para el próximo año: el conocido administrative closure, una herramienta migratoria que se usa desde 1980 y sirve para que los fiscales y jueves migratorios determinen un “cierre administrativo” en un caso de deportación.
Entre líneas. En la agenda migratoria de Donald Trump se incluye eliminar la práctica de cerrar administrativamente casos en los tribunales de inmigración. ¿Qué provocará esto? Aumentaría notablemente las deportaciones, impactando a miles de indocumentados que hoy se benefician de herramientas legales para evitar la expulsión.
El “cierre administrativo” permite el cierre de casos que involucran a inmigrantes que no tienen antecedentes criminales y que tampoco representan una amenaza para la seguridad nacional.
Un plan respaldado en el Proyecto 2025
El Proyecto 2025, la agenda liderada por republicanos para el próximo año, busca establecer un marco migratorio basado en decretos ejecutivos, alejándose del sistema regulado por el Congreso.
El nuevo enfoque de eliminar el “cierre administrativo” no solo afecta a los indocumentados sino que también revisa los procesos de ciudadanía, con la posibilidad de revocar naturalizaciones.
Lo que debes saber. Las propuestas de los republicanos pretenden destinar todos los recursos al control de la inmigración, otorgando al gobierno federal amplios poderes y discreción en el ámbito migratorio.
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Los casos que estarían afectados por esta decisión
El administrative closure le permitió a jueces y fiscales de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) remover de sus registros algunos casos migratorios de “baja prioridad”. ¿Qué hay detrás? Esta herramienta facilita que algunos inmigrantes puedan estar de manera indefinida en el país a pesar de carecer de un “estatus de permanencia legal”.
“Es un recurso legal muy común que vemos todos los días en los tribunales”, explicó José Guerrero, abogado migratorio, citado por Univisión.
“Se trata de casos que no son prioridad de deportación. Si el tribunal o el fiscal está de acuerdo con el cierre, el caso queda dormido y el inmigrante queda libre, indocumentado, pero sin estatus legal de permanencia”.
La herramienta fue eliminada en el primer mandato
En 2018, durante su primer mandato, el gobierno de Trump canceló la herramienta y dio la orden de “reagendar” en la Corte de Inmigración (EOIR) más de 350,000 casos que recibieron su “cierre administrativo”.
¿Qué provocó esta decisión? Aumentó desproporcionadamente el número de casos que ya se encontraban varados en los tribunales pasado de 500,000 a más de 800,000.
En julio de 2021, Merrick Garland, actual fiscal general de Estados Unidos, anuló la orden y le devolvió a los jueces migratorios la autoridad para cerrar los casos de inmigrantes y permitir que los indocumentados (con tiempo en el país, con familias establecidas y sin antecedentes criminales) cancelar sus casos de deportación.
