Recientes denuncias contra universidades como Georgetown, Notre Dame y Penn sugieren dos cosas. La primera, que estas instituciones de prestigio favorecen a solicitantes de familias adineradas, a pesar de que sus políticas de admisión son “sin tener en cuenta las necesidades económicas”.
Al parecer, a través de un esquema de "price-fixing", las universidades cobraron de más a los estudiantes, sumando un total de $685 millones en sobrecargos. Y justamente esa era la segunda cosa: la equidad de los procesos de admisión comienza a ser más mito que realidad.
No todos pasan. Viendo en retrospectiva, las acusaciones contra estas universidades son un problema más grande de lo que parece. Un análisis reciente muestra que los colleges son inasequibles para la mayoría de los estudiantes.
Pregúntamelo a mí, que veo cómo la creciente preocupación sobre las trabas económicas entre quienes buscan acceder a una educación universitaria de calidad crece como un globo que nunca deja de inflarse. O bueno, mejor, pregúntaselo a ellos.
Lo que se sabe y lo que no. La resolución de este caso podría sentar un precedente clave en la regulación de la educación superior en EEUU, donde las dotaciones de universidades privadas superan colectivamente los $220,000 millones anuales.
Se sabe que la transparencia en los procesos de admisión y el compromiso con políticas verdaderamente need-blind son esenciales para garantizar un sistema más equitativo. Pero lo que no se sabe es que, al final, todo depende de lo que prefieran: más talento o más dinero.
