En los últimos días de su presidencia, Joe Biden anunció restricciones más estrictas para los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Siguiendo la noticia. Las normas recién introducidas alteran el modo en que se evalúa la elegibilidad para el asilo, otorgando a los funcionarios de inmigración una mayor autoridad para decidir durante las entrevistas iniciales.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estos cambios prometen una mayor flexibilidad y expulsiones más rápidas para quienes se considere que no reúnen los requisitos, centrándose especialmente en las cuestiones de seguridad nacional.
Rechazo por parte de los grupos proinmigrantes
Los grupos de defensa de los inmigrantes han expresado su desaprobación, subrayando que estas medidas complican un proceso ya de por sí difícil para quienes escapan de condiciones peligrosas.
Algunos defensores sostienen que esta medida podría ser aprovechada políticamente por futuras administraciones, lo que podría dar lugar a más deportaciones.
Las idas y vueltas de las políticas de asilo de Biden
En junio de 2024, la administración Biden había puesto un tope de 2,500 cruces fronterizos diarios, que posteriormente redujo a 1,500 en septiembre. Este tope ha afectado a la tramitación de los casos de asilo, ya que las cifras reales a menudo superan estos límites.
Ahora, los funcionarios de inmigración son los encargados de tomar las decisiones de elegibilidad durante las entrevistas iniciales en la frontera, a menudo enfrentándose a solicitantes sin asistencia jurídica. No obstante, se espera que los funcionarios apliquen un criterio basado en las nuevas directrices.
Eleanor Acer, de Human Rights First, expresó su gran preocupación por el hecho de que se devuelva a personas inocentes a regímenes opresivos, poniendo en peligro su seguridad. Acer cree que el proceso de expulsión acelerado reduce el acceso a audiencias justas y a la asistencia letrada.
Homeland Security tiene sus argumentos
El DHS afirma que los cambios son coherentes con la salvaguarda de la seguridad pública y la seguridad nacional. El asilo sigue estando disponible para aquellos con temores creíbles de persecución, pero las personas con antecedentes penales pueden enfrentarse a una denegación instantánea a su llegada.
La agencia afirma que la norma pretende proteger a la nación identificando las amenazas potenciales antes de que lleguen a las fronteras estadounidenses y empleando procesos de investigación mejorados.
Prevista para entrar en vigor el 17 de enero de 2025, apenas tres días antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, varios grupos de defensa planean oponerse legalmente a la orden.
