Otro día más de amenazas de Donald Trump. El presidente electo ahora se fue contra el Servicio Postal de EEUU (USPS). ¿Qué busca? Privatizarlo. Pero, su idea no será tan fácil. Ya se enfrentó a obstáculos en su anterior mandato debido a la resistencia de los sindicatos y a desafíos legislativos.
Entre líneas. La noción de privatización apareció por primera vez en 2018 como parte de un plan de reestructuración gubernamental más amplio. El Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales (APWU, por sus siglas en inglés) se opone firmemente a la privatización, advirtiendo de los riesgos para el servicio universal y las posibles subidas de tarifas de los operadores privados.
El presidente del APWU, Mark Dimondstein, aboga por el reparto universal, especialmente para las zonas rurales, y pide cautela ante movimientos que puedan poner en peligro estas garantías de servicio.
Trump tiene más apoyo ahora para privatizar el USPS
A diferencia de su mandato anterior, algunos republicanos de la Cámara de Representantes muestran ahora su apoyo a la privatización de secciones del USPS para rectificar ineficiencias financieras.
En una sesión reciente, el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer, calificó a la agencia como “una carga financiera”, lo que hizo que se considerara la posibilidad de recurrir a empresas privadas para encontrar soluciones al procesamiento del correo.
Aunque está a favor de la privatización, Comer reconoce retos como el mantenimiento de los estándares de entrega en seis días.
El apoyo a la privatización también surge del equipo de transición de Trump, copresidido por Howard Lutnick, un notable candidato al Departamento de Comercio.
Además, Pete Sessions, presidente del nuevo Caucus del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del Congreso, aboga por evaluar las operaciones del USPS para mejorar la eficiencia, haciendo referencia a Elon Musk y Vivek Ramaswamy como figuras asesoras clave.
Cómo funciona el Servicio Postal de Estados Unidos
El USPS opera entre los ámbitos público y privado, generando sus propios ingresos pero influido por las leyes del Congreso y la supervisión federal.
Los ajustes legislativos, como la reforma postal de 2022 que alivió las obligaciones financieras anteriores sobre las prestaciones a los jubilados, ponen de relieve la influencia del Congreso. Aunque tradicionalmente menos implicada, la administración de Trump ha planteado exigencias decisivas en los negocios de USPS.
Este diálogo resurgido también invita a comparaciones con las reformas postales globales del pasado. Un informe de Trump de 2018 propuso que un USPS privatizado podría fijar precios autónomos, reduciendo potencialmente los costes mediante la negociación de condiciones laborales más allá de las normas federales.
Además, Trump criticó los acuerdos federales de teletrabajo, abogando por volver a los entornos de oficina. Sus batallas en los tribunales sobre estos acuerdos acentúan un impulso más amplio de reforma en la administración.
