La reciente tragedia de los cuatro niños de Las Malvinas en Guayaquil no es simplemente un caso aislado de violencia institucional. Representa la manifestación más cruda de lo que el psicólogo Philip Zimbardo denominó "el Efecto Lucifer": la capacidad de personas ordinarias para cometer actos de extraordinaria crueldad cuando las circunstancias incorrectas se alinean.
Saúl, Josué, Ismael y Steven, niños de entre 11 y 15 años, se convirtieron en víctimas de este fenómeno psicosocial cuando su tarde de fútbol se transformó en una pesadilla que culminaría con sus muertes. La secuencia de eventos que llevó a este desenlace trágico ilustra, paso a paso, cómo las estructuras institucionales pueden erosionar la moral básica y la empatía humana.
El decreto del presidente Daniel Noboa declarando la "existencia de conflicto armado" el 9 de enero de 2024 creó el marco institucional perfecto para que el Efecto Lucifer floreciera. Bajo este paraguas legal, dieciséis militares se sintieron legitimados para detener, golpear y abandonar a cuatro menores de edad, despojándose de su responsabilidad moral individual bajo el manto de la autoridad institucional.
"Jurídicamente aquí hay una desaparición forzada”, asegura en entrevista con DW Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador. "Porque hay una detención ilegal y hay una incomunicación de 4 niños por parte de agentes del Estado”, explica.
La deshumanización, elemento central del Efecto Lucifer, se manifestó en cada etapa de esta tragedia. Los niños dejaron de ser vistos como lo que eran - menores jugando al fútbol en su barrio - para convertirse en potenciales "elementos de riesgo" en un contexto de guerra. Esta recategorización permitió que fueran sometidos a tratos que en circunstancias normales serían impensables: golpeados, desnudados y abandonados en una zona remota de Taura.
El testimonio del "samaritano" que les brindó ayuda momentánea subraya la profundidad de esta deshumanización. Los niños llegaron a su puerta golpeados y desnudos, despojados no solo de su ropa sino de su dignidad humana básica. Su último acto de humanidad - la llamada desesperada a un padre - precedió a su destino final a manos de individuos encapuchados en motocicleta.
La tragedia de Las Malvinas revela cómo las políticas de seguridad, cuando se implementan sin salvaguardas adecuadas, pueden crear un terreno fértil para violaciones sistemáticas de derechos humanos. Los militares involucrados no solo ignoraron los protocolos básicos para la detención de menores, sino que crearon las condiciones que llevaron a su muerte.
"Las investigaciones tendrán que revelar si fueron los 16 militares quienes quemaron, torturaron y tiraron al río a los niños”, indica el abogado. "Lo más probable es que se inicie una investigación aparte por ejecución extrajudicial”, puntualiza Bastías
Como señalan las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas, estos cuatro niños se han convertido en "el rostro de las desapariciones forzadas resultado de la política ejecutiva de seguridad". Su caso nos obliga a cuestionar el costo humano de la militarización de la seguridad pública y la normalización de la violencia institucional.
Para prevenir futuras tragedias como la de Las Malvinas, es imperativo fortalecer los mecanismos de supervisión militar y policial, mantener protocolos estrictos para la protección de menores y, sobre todo, resistir la tentación de sacrificar derechos humanos fundamentales en nombre de la seguridad.
Los nombres de Saúl, Josué, Ismael y Steven deben quedar grabados en la memoria colectiva de Ecuador como un recordatorio permanente de que la lucha contra la delincuencia nunca puede justificar la pérdida de nuestra humanidad fundamental.
El verdadero desafío para el gobierno de Noboa no es solo combatir el crimen organizado, sino hacerlo sin sucumbir al efecto corrosivo que el poder y la autoridad pueden tener sobre la moral humana.
