Un nuevo proyecto de ley antiinmigrante se votará esta semana en el Senado (ahora de mayoría republicana) que podría transformar los poderes federales y estatales de Estados Unidos.
Siguiendo la noticia. Se trata de la Ley Laken Riley, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y avanza en el Senado con un importante respaldo bipartidista.
Por qué esto es importante. La legislación concede a las autoridades estatales y a los jueces federales una mayor supervisión en los casos de inmigración.
Anular sentencias de la Corte Suprema
La Ley Laken Riley pretende anular sentencias consolidadas del Tribunal Supremo, facultando a estados como Texas para presentar demandas de inmigración contra el gobierno federal, un paso tradicionalmente desestimado por los tribunales, incluso los de inclinación conservadora.
Steven Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, expresó su preocupación por los posibles conflictos internacionales derivados de esa ampliación de la autoridad, sugiriendo que un solo juez estatal podría desencadenar desafíos legales de impacto global.
Entre líneas. Los partidarios del proyecto de ley argumentan que proporciona a los estados herramientas esenciales para abordar los delitos relacionados con la inmigración de forma más eficaz, haciendo frente a la negligencia percibida a nivel federal.
Visiones entre los demócratas
La legislación mostró las divisiones en el seno del Partido Demócrata, aunque su base de votantes se ha unido para impulsarla a través de los procedimientos cruciales del Senado.
El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, expresó sus reservas sobre la legislación, “un sistema nacional de inmigración gestionado en tribunales locales no parece viable".
¿Qué pasa si se promulga la ley?
Si se promulga, los fiscales generales de los estados obtendrían el poder de impugnar legalmente las decisiones federales sobre la puesta en libertad de determinados inmigrantes y, potencialmente, emprender acciones judiciales contra los países que no estén dispuestos a aceptar a los deportados, una medida con delicadas implicaciones diplomáticas.
El republicano de Texas Chip Roy afirmó que las principales disposiciones de la ley abordan las "necesidades de defensa" de los estados desfavorecidos por las lagunas de la política federal de inmigración.
La propuesta también introduce nuevos criterios para la detención obligatoria de inmigrantes, que se extienden a delitos no violentos como el robo. Los críticos advierten de que esto podría desviar recursos de la lucha contra los infractores violentos de la ley dentro de Estados Unidos.
Jessica Vaughan, del Centro de Estudios sobre Inmigración, señaló que los anteriores desafíos legales liderados por los estados contra las políticas federales de inmigración a menudo sufrieron reveses.
La Corte Suprema rechazó previamente casos de Texas y Luisiana, que se dirigían contra cambios de política bajo la administración Biden que priorizaban la seguridad nacional o las amenazas de delitos violentos sobre delitos menores.
