Los legisladores de Tallahassee están considerando un nuevo proyecto de ley que podría remodelar significativamente el sistema de educación superior de Florida al restringir la inscripción de inmigrantes no autorizados en ciertas universidades públicas.
Siguiendo la noticia. El senador estatal republicano Randy Fine presentó la propuesta alineándose con la postura de Donald Trump sobre la inmigración.
“¿Es justo que un inmigrante indocumentado ocupe una plaza que podría pertenecer a un floridano o a un estadounidense? Yo diría que no”, dijo el legislador.
Entre líneas. Esto evidencia la necesidad percibida de dar prioridad a los residentes legales en las oportunidades educativas.
Rechazo ante esta política que podría replicarse en otros estados
Los defensores de los inmigrantes, entre ellos Gaby Pacheco, directora general y presidenta de TheDream.US, se están movilizando contra esta propuesta.
La organización sin ánimo de lucro apoya a los jóvenes indocumentados con becas universitarias.
“Restringir su capacidad de cursar y costear estudios superiores no sólo perjudica su éxito futuro, sino que es miope y perjudicial para el crecimiento económico de Florida", advierte Pacheco.
Por qué esto es importante. Su declaración subraya las implicaciones económicas más amplias de limitar el acceso a la educación.
Cómo se maneja Florida con relación a los estudiantes sin autorización legal
Históricamente, Florida ha permitido a los estudiantes sin autorización legal pagar tasas de matrícula estatales, una política arraigada en debates legislativos más amplios sobre los derechos de los Dreamers.
En cambio, el proyecto de ley de Fine pretende revocar esta ventaja de matrícula, dirigiéndose a las instituciones públicas con una tasa de aceptación inferior al 85%.
La población de inmigrantes indocumentados de Florida, estimada en 1.2 millones, ilustra el impacto potencial del cambio de política.
Con una sesión legislativa especial programada por DeSantis tras la toma de posesión del presidente electo, los responsables políticos del estado se enfrentan a la tensión entre la aplicación y la previsión de la reforma migratoria y educativa.
También existe oposición dentro del partido del gobernador. Algunos líderes republicanos critican el calendario, calificando la sesión especial de “prematura” e “irresponsable”.
