Las ciudades santuario, esas donde las autoridades locales se niegan a colaborar con las fuerzas federales en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, están en el punto de mira.
James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha lanzado una investigación para determinar si estas políticas están realmente "poniendo en peligro" a los ciudadanos estadounidenses, como él y otros republicanos afirman. Así que, mientras algunas ciudades intentan proteger a los inmigrantes, otros prefieren verlas como un obstáculo en la lucha contra la inmigración ilegal.
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Comer no ha perdido el tiempo y, el lunes pasado, envió cartas a los alcaldes de varias de las ciudades más grandes que se consideran santuario: Nueva York, Chicago, Denver y Boston.
En sus cartas, les exige documentos y comunicaciones relacionados con sus políticas, que, según él, no solo no ayudan, sino que obstaculizan la acción de la ley federal de inmigración.
Pero no se queda ahí, también invitó a los alcaldes a testificar el 11 de febrero ante su comité. Las cartas son directas, acusatorias, y dejan claro que la intención de Comer es más que una simple investigación: está buscando respuestas, y muy probablemente, culpables.
La situación es compleja. Las ciudades santuario tienen políticas que impiden que las fuerzas locales de policía cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención de inmigrantes sin estatus legal.
Las políticas santuario están pensadas para garantizar la confianza de las comunidades inmigrantes con la policía, evitando que estos se sientan perseguidos o temerosos de pedir ayuda en caso de emergencias.
Según los alcaldes de estas ciudades, sus políticas están diseñadas para proteger a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, argumentando que el miedo a la deportación debilita la seguridad pública al hacer que las personas no denuncien crímenes o colaboren con las autoridades.
El lado de la moneda que solo ellos conocen
Comer y otros republicanos, sin embargo, tienen una perspectiva muy diferente. Según ellos, las políticas santuario hacen que los criminales, especialmente aquellos con antecedentes penales, permanezcan en las calles y no enfrenten las consecuencias de sus acciones.
"Las jurisdicciones santuario obstaculizan la capacidad de los agentes de la ley federales para efectuar arrestos seguros y eliminar a los criminales peligrosos de las comunidades”, escribió Comer.
Según su visión, la seguridad nacional está en juego, y las ciudades que no cooperan con la deportación de inmigrantes están directamente poniendo en peligro a sus propios ciudadanos.
Esta disputa no es nueva, y las tensiones en torno a las políticas de inmigración se han intensificado aún más desde que Donald Trump asumió la presidencia. Durante su mandato, Trump hizo de la inmigración irregular un tema central de su agenda, y prometió una deportación masiva de inmigrantes.
Los desafíos de las ciudades santuario
En ese contexto, las ciudades santuario se vieron como un desafío directo a su política. Sin embargo, el apoyo a estas políticas locales sigue siendo fuerte. Según una encuesta del New York Times/Ipsos, el 55% de los votantes apoyan los esfuerzos de deportación, pero el 88% está de acuerdo en deportar solo a aquellos inmigrantes con antecedentes criminales.
Por otro lado, alcaldes como Michelle Wu, de Boston, defienden sus políticas diciendo que no están protegiendo a criminales, sino a familias que viven en sus comunidades.
Las ciudades de Chicago, Nueva York, Boston y Denver están entre las más destacadas por sus políticas santuario, y para Comer, estas ciudades representan el “fracaso” de la ley federal de inmigración.
La investigación que ha iniciado apunta a probar que estas políticas no solo son ineficaces, sino peligrosas. Sin embargo, la pregunta es: ¿realmente hay un problema con la seguridad en estas ciudades debido a sus políticas de santuario? O, como argumentan los alcaldes, ¿estamos hablando de una estrategia para mantener a las comunidades unidas y seguras, donde los inmigrantes no sean tratados como criminales por el simple hecho de no tener documentos?
En lugar de una lucha abierta entre políticos, lo que está claro es que el tema de la inmigración sigue siendo uno de los más divisivos en Estados Unidos.
Las ciudades santuario defienden su postura como una cuestión de derechos humanos, mientras que los opositores consideran que están poniendo en riesgo la seguridad pública. Si algo está claro es que este conflicto político no tiene visos de resolverse pronto, y mientras tanto, los inmigrantes siguen en medio del fuego cruzado.
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