La jueza Loren AliKhan bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Donald Trump, que buscaba congelar préstamos y subvenciones federales, y desató una batalla legal sobre quién tiene el control real del dinero de los taxpayers.
La medida, que afectaría programas de investigación científica, salud y asistencia social, generó caos inmediato en organizaciones que dependen de estos recursos. Meals on Wheels, por ejemplo, reportó interrupciones en la entrega de alimentos a adultos mayores, mientras que los portales de Medicaid colapsaron en varios estados.
El choque entre poder ejecutivo y Congreso. Más allá del impacto inmediato, el caso plantea un debate constitucional sobre los límites de la autoridad presidencial.
Los demócratas argumentan que Trump no tiene el poder de frenar fondos aprobados por el Congreso, mientras 22 fiscales generales estatales han presentado demandas para bloquear permanentemente la orden.
Si la Corte Suprema toma el caso, la decisión podría establecer un precedente clave sobre hasta dónde puede llegar un presidente en el manejo del presupuesto federal.
¿Política o principio? Para la administración Trump, esta orden es una cuestión de control y eficiencia en el gasto público. Sus aliados sostienen que congelar fondos discrecionales evita abusos y redirige el dinero a programas “prioritarios”.
Pero para sus críticos, es un intento de imponer una agenda política a través de recortes estratégicos, afectando desproporcionadamente a sectores que dependen de la estabilidad del financiamiento federal.
Con ambos bandos listos para llevar la pelea hasta la Corte Suprema, esta podría ser una de las primeras grandes batallas legales del nuevo mandato.
