La administración Trump anunció un giro radical en la política migratoria estadounidense: la conversión de Guantánamo en un centro de detención con capacidad para 30,000 migrantes indocumentados.
El anuncio se realizó durante la firma de la Laken Riley Act, con Trump justificando la medida al asegurar que está dirigida a “criminales violentos”. “No serán personas inocentes, serán los peores de los peores”, afirmó el presidente, describiendo la base naval como “un lugar duro para escapar”.
Raids, arrestos colaterales y polémica garantizada. Aunque la administración insiste en que la medida va dirigida a migrantes con récord criminal, la realidad es más complicada.
Las redadas de ICE han resultado en arrestos colaterales de personas sin antecedentes, lo que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos. La revocación del TPS para venezolanos pone a más de 600,000 personas en riesgo de deportación, aumentando el número de detenidos que podrían terminar en Guantánamo sin haber cometido crímenes violentos.
Un déjà vu con consecuencias inciertas. Guantánamo ya fue utilizado en los 90 para retener a refugiados cubanos y haitianos en condiciones que generaron duras críticas por violaciones a los derechos humanos.
Ahora, la historia se repite con una dimensión aún más explosiva. ¿Es esto una medida efectiva o simplemente un mensaje político? La respuesta dependerá de los tribunales, el Congreso y la presión internacional. Lo único seguro es que la controversia apenas comienza.
