El destino de los bienes adquiridos por los inmigrantes deportados desde EE.UU. es un tema complejo que depende de varios factores, incluyendo el tipo de bienes, su ubicación, las leyes estatales y federales de EE.UU., las leyes del país de origen del deportado y las circunstancias individuales de cada caso.
A continuación algunos puntos importantes a tomar en cuenta:
Protección del derecho a la propiedad. La Constitución de los Estados Unidos protege el derecho a la propiedad privada, independientemente del estatus migratorio de una persona. Esto significa que, en teoría, la deportación no debería resultar en la pérdida automática de los bienes.
Sin embargo, la deportación crea una gran dificultad: gestionar propiedades y asuntos financieros desde el extranjero. ¿De qué tipo de bienes estamos hablando?
Bienes muebles: dinero en efectivo, cuentas bancarias, vehículos, joyas, etc. Estos son generalmente más fáciles de gestionar a distancia, aunque el acceso a cuentas bancarias puede verse limitado.
Bienes inmuebles: casas, terrenos, propiedades comerciales. Estos representan el mayor desafío, ya que requieren gestión continua (pago de impuestos, mantenimiento, etc.) y pueden ser difíciles de vender desde el extranjero.
¿Qué medidas se pueden tomar para proteger estos bienes?
Poder notarial (Power of Attorney): Este es el recurso más importante. Un poder notarial otorga a una persona de confianza (familiar, amigo o abogado) la autoridad legal para actuar en nombre del deportado en asuntos financieros y legales en EE.UU.
Esta persona puede: Gestionar cuentas bancarias, Pagar facturas e impuestos, Vender propiedades, Representar al deportado en transacciones legales.
Fideicomiso (Trust). Un fideicomiso es un acuerdo legal en el que se transfieren los bienes a un tercero (fiduciario) para que los administre en beneficio del deportado o de sus beneficiarios. Esto ofrece una mayor protección y continuidad en la gestión de los bienes.
Transferencia de propiedad. Transferir la propiedad a un familiar o amigo puede ser una opción, pero implica riesgos legales y fiscales y debe hacerse con asesoramiento legal.
