Los asesinatos políticos han marcado la historia de América Latina, evidenciando la violencia sistemática contra opositores y disidentes. Desde la ejecución del general Carlos Prats en 1974 en Argentina hasta el reciente asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en 2024 en Chile, estos crímenes reflejan la persistencia de prácticas represivas y la expansión de redes criminales con nexos en los más altos niveles de poder.
Carlos Prats y Sofía Cuthbert (1974): la sombra de la Operación Cóndor
El 30 de septiembre de 1974, el general chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados en Buenos Aires mediante la explosión de un coche bomba. Este atentado, atribuido a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, se enmarcó en la Operación Cóndor, una campaña coordinada, según diversas fuentes, entre los gobiernos militares del Cono Sur para eliminar a opositores políticos dentro y fuera de sus fronteras.
Orlando Letelier (1976): el terrorismo de Estado en Washington D.C.
El 21 de septiembre de 1976, Orlando Letelier, exministro de Relaciones Exteriores de Chile durante el gobierno de Salvador Allende, fue asesinado en Washington D.C. con una bomba colocada en su vehículo. En el atentado también murió su asistente, Ronni Moffitt. Este crimen, nuevamente atribuido a la DINA, marcó un punto de inflexión en la política exterior estadounidense al evidenciar el brazo extendido del régimen de Pinochet en territorio extranjero.
Ronald Ojeda (2024): la maquinaria represiva transnacional sigue operando
En febrero de 2024, Ronald Ojeda, exteniente del ejército venezolano y disidente del régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado y posteriormente asesinado en Santiago de Chile. Las investigaciones apuntan a la participación directa del gobierno venezolano, utilizando como brazo ejecutor a la organización criminal Tren de Aragua, un grupo con creciente presencia en América Latina y Estados Unidos.
La cadena de mando criminal
Las pesquisas de la Fiscalía chilena han revelado una presunta cadena de mando que vincula a altos funcionarios del chavismo y a los cabecillas del Tren de Aragua en el asesinato de Ojeda. Según declaraciones del fiscal nacional de Chile, la orden para secuestrar y ejecutar al exteniente habría provenido de Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen de Maduro. La ejecución del crimen se habría canalizado a través de Héctor Guerrero Flores, alias "El Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, según el testimonio de un testigo protegido por las autoridades chilenas.
El testigo declaró que "Diosdado Cabello dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él". Posteriormente, Guerrero habría delegado la ejecución a Rafael Gámez Salas, alias "El Turco", quien dirigía la célula "Los Piratas" del Tren de Aragua en Chile. Gámez Salas fue detenido en diciembre de 2024 en Texas, Estados Unidos, por cargos relacionados con trata de personas, y actualmente se gestiona su extradición a Chile.
Dentro de esta estructura, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias "El Gocho", habría participado directamente en el secuestro y asesinato de Ojeda. Fue capturado en febrero de 2025 en Colombia con una circular roja de Interpol, y se espera su extradición a Chile para enfrentar cargos por asociación criminal y homicidio.
El nuevo mapa del crimen organizado y la represión transnacional
Diversas fuentes y evidencias indican que, desde la DINA de Pinochet hasta el Tren de Aragua bajo la órbita del chavismo, la represión transnacional sigue vigente. Sin embargo, la diferencia ahora radica en que el crimen organizado juega un papel central en la ejecución de estos crímenes, funcionando como una extensión de los intereses políticos de ciertos regímenes en la región.
