El sistema judicial enfrenta una de sus mayores pruebas en años tras la sorpresiva decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de retirar los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams.
Entre líneas. Lo que comenzó como una investigación por presunta corrupción derivó en una tormenta política que pone en entredicho la independencia del sistema judicial y reaviva las acusaciones de que la justicia sigue siendo utilizada como un arma política.
La renuncia de Danielle Sassoon, la fiscal que lideraba el caso en el Distrito Sur de Nueva York, junto con otros altos funcionarios, ha encendido las alarmas sobre una posible interferencia política.
En una carta explosiva, Sassoon afirmó que la orden de retirar los cargos contra Adams no respondía a criterios legales sino a consideraciones políticas ligadas a la agenda del presidente Donald Trump y su nueva administración.
Un paralelismo con el pasado
El caso recuerda la histórica “Masacre del Sábado por la Noche” de 1973, cuando el entonces presidente Richard Nixon forzó la destitución del fiscal especial Archibald Cox para frenar la investigación del escándalo Watergate.
En este caso, aunque la Casa Blanca y el DOJ niegan cualquier intervención política, la salida abrupta de los fiscales, las cartas filtradas y la defensa pública de Adams por parte de Trump han reforzado la percepción de que el caso está teñido de intereses políticos.
La carta de Sassoon detalla cómo la orden de retirar el caso se justificó con el argumento de que el proceso judicial estaba afectando la capacidad del alcalde para lidiar con la crisis migratoria y la seguridad en Nueva York, una justificación que no se basa en criterios legales sino en una lógica política.
En otras palabras, se habría dado prioridad a los objetivos de la administración por encima del deber de impartir justicia de manera imparcial.
Los dilemas de la justicia politizada
Credibilidad en juego. La dimisión de fiscales de alto rango sugiere una crisis de confianza dentro del DOJ. Si el público percibe que la justicia está siendo manipulada según la conveniencia política de quienes están en el poder, la legitimidad de las instituciones se erosiona.
El doble filo de la ‘weaponization’. Trump ha argumentado que su administración busca despolitizar la justicia tras años de persecución contra sus aliados. Sin embargo, la forma en que se manejó el caso Adams refuerza la impresión de que la politización sigue siendo una herramienta al servicio del poder.
Un precedente peligroso. Si las decisiones judiciales pueden revertirse por presiones políticas, se abre la puerta a que futuros presidentes utilicen el sistema legal para castigar o proteger a funcionarios según su lealtad política, debilitando así el Estado de derecho.
Una pregunta sin respuesta
El retiro de los cargos contra Adams plantea una interrogante mayor: ¿la administración Trump está realmente desarmando la politización del sistema judicial o simplemente la está usando en su propio beneficio? El caso no solo impacta la reputación del DOJ, sino que también podría sentar un precedente para futuras administraciones.
Si la justicia sigue siendo percibida como un instrumento de poder y no como una entidad imparcial, el daño a la democracia será difícil de reparar.
La renuncia de Sassoon y sus denuncias han expuesto una herida profunda en el sistema judicial. La pregunta es si el país encontrará la forma de sanarla antes de que la confianza pública en la justicia se desplome por completo.
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