El presidente Donald Trump ha dejado claro que su objetivo es eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos, y trasladar la responsabilidad educativa a los estados. Suena bien en teoría: más autonomía para los estados, menos burocracia federal, ¿qué podría salir mal? Bueno, resulta que los estados están bastante desconcertados y, para ser sinceros, no tienen ni idea de cómo afrontar este bombazo.
Y, aunque Trump tiene sus ideas, la gran pregunta es: ¿están los estados realmente preparados para manejar esta carga?
La innecesaria necesidad de abolir el Departamento de Educación
Trump ha señalado que su plan incluye un cambio drástico, moviendo las políticas educativas a nivel estatal, pero el cómo de todo esto es tan ambiguo que los legisladores estatales apenas saben por dónde empezar.
Entre líneas. El problema es que, sin una estructura clara y un plan bien definido, lo que podría parecer una idea brillante podría convertirse rápidamente en un caos logístico y administrativo. Y en lugar de la gran liberación que muchos esperan, el sistema educativo podría colapsar bajo la presión de nuevos desafíos.
Para poner esto en perspectiva, el Departamento de Educación distribuye miles de millones de dólares en fondos para programas vitales, como aquellos que apoyan a estudiantes con discapacidades o a aquellos de familias de bajos ingresos. Si de repente el departamento desapareciera, ¿quién tomaría el relevo? A nadie parece importarle responder esa pregunta aún.
La falta de planificación y los huecos en los detalles solo aumentan la incertidumbre entre los legisladores estatales, que ya están empezando a temer lo peor. Según Maryam Khan, representante estatal de Connecticut, "no tenemos ni idea de cómo planificar algo si ni siquiera sabemos qué esperar del gobierno federal".
Mucho en juego con la abolición del DOE
El verdadero miedo se centra en los fondos. El Departamento de Educación no solo distribuye dinero para la educación de los niños con discapacidades o en escuelas con bajos recursos, sino que también supervisa el cumplimiento de leyes de derechos civiles para prevenir la discriminación en las escuelas.
¿Quién se encargará de todo eso? Algunos estados ya están preocupados de que la eliminación del Departamento de Educación deje un vacío enorme que podría terminar afectando principalmente a las comunidades más vulnerables, aquellas con estudiantes discapacitados o en situación de pobreza.
Muchos estados, incluso los más conservadores que apoyan la eliminación del departamento, han admitido que no tienen ni idea de cómo adaptarse a un escenario sin este ente federal.
Susie Hedalen, la superintendente de educación de Montana, no sabe qué esperar y está esperando a ver los detalles antes de tomar cualquier medida. "Es difícil planificar cuando no sabes qué recortes o cambios pueden venir", dijo Hedalen. Y mientras tanto, el tiempo sigue corriendo.
Los estados no pueden asumir la carga
Pero, ¿realmente quieren los estados asumir toda esta carga? Si bien algunos defensores del plan creen que los estados serán capaces de manejarlo, la mayoría de los legisladores están abiertamente preocupados por cómo gestionar programas tan complejos.
Si el sistema se cambia de tal forma que los estados tengan que asumir más responsabilidades, muchos temen que la educación se convierta en una lotería dependiendo de dónde vivas. ¿Qué pasa si tu estado decide que no va a priorizar la educación para niños con discapacidades? ¿O si las escuelas de zonas rurales pierden el acceso a los fondos esenciales porque no pueden lidiar con la carga administrativa?
Además, no es solo una cuestión de dinero. Si los estados controlan los fondos, también tendrían que asumir la supervisión y la rendición de cuentas, algo que podría ser un dolor de cabeza monumental sin la infraestructura adecuada.
Los legisladores del estado de Carolina del Norte, por ejemplo, ya han expresado que no están preparados para hacer frente a los recortes que podrían llegar a nivel federal.
La gran pregunta es si este enfoque "más local" realmente va a mejorar la educación o si, por el contrario, va a aumentar las disparidades ya existentes.
Los críticos advierten que sin la intervención del gobierno federal, los estados más conservadores podrían redirigir los fondos hacia escuelas privadas, lo que podría aumentar la segregación educativa y la desigualdad. Además, sin la supervisión de la Oficina para los Derechos Civiles, las protecciones contra la discriminación podrían desmoronarse.
El plan de eliminar el Departamento de Educación podría tener consecuencias mucho más graves de lo que parece. Sin un plan claro y sin preparación por parte de los estados, lo que parece una solución revolucionaria podría acabar siendo un desastre.
En lugar de eliminarlo, ¿por qué no buscar formas de mejorar la estructura actual, garantizando que cada estudiante, sin importar su condición económica o su capacidad, tenga acceso a una educación de calidad? Porque, al final del día, lo que necesita el sistema educativo no es más caos, sino una solución que lo haga más accesible y justo para todos.
