Jasmine Moawad, residente del condado de Prince William que se postuló como candidata al Senado de Virginia, fue acusada por la policía de hacerse pasar por abogada, cobrar miles de dólares por servicios legales que no cumplió y amenazar a sus clientes con entregarlos a las autoridades de inmigración.
La mujer le debe $19,450 a siete víctimas de fraude y tras declararse culpable, este viernes fue sentenciada a seis meses de prisión.
Este caso se remonta a 2021, cuando fue arrestada bajo acusaciones de defraudar a individuos que buscaban ayuda legal en materia de inmigración. Según la policía, Moawad cobraba por servicios que nunca prestaba, lo que ponía en peligro a personas vulnerables.
En febrero de 2024, se declaró culpable de un delito grave relacionado con la obtención de dinero a través de engaños.
En octubre de 2024, cerca de doce personas afectadas relataron ante el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax sus interacciones con una mujer a la que acusan de haberles hecho falsas promesas. Según sus testimonios, ella se ofreció a ayudarlos a obtener la custodia de sus hijos, conseguir visas para Estados Unidos o representarlos en procesos de inmigración.
Un testimonio específico relató una visita de Moawad a su hogar, donde supuestamente amenazó con la deportación de su esposo si no realizaba un pago. Otra víctima describió haber entregado $6,000 a la breve campaña de Moawad para el Senado estatal, con la esperanza de facilitar la obtención de una visa para su hermana.
Las autoridades sostienen que Moawad nunca estuvo autorizada para ejercer la abogacía.
De acuerdo con Steve Descano, fiscal de Fairfax Commonwealth, la acusada se fijó en comunidades vulnerables para ganar dinero y se aprovechó de clientes que no podían verificar documentos porque no hablaban inglés o que eran vulnerables a amenazas e intimidación debido a su estatus legal.
“Nuestra comunidad es tan segura como lo son nuestros miembros más vulnerables; es por eso que mi oficina está comprometida a mantener seguros a todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente del idioma que hablen o su estatus legal”, expresó Descano, en un comunicado el viernes.
Las estafas dirigidas a inmigrantes, aprovechándose de su desconocimiento del sistema legal estadounidense, son un problema persistente. Sin embargo, los especialistas anticipan un incremento de estas prácticas, exacerbado por el temor creciente dentro de las comunidades migrantes.
Este miedo se intensifica ante las acciones del presidente Donald Trump, quien ha emitido órdenes ejecutivas e instado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a acelerar las deportaciones.
