Cuatro universidades del DMV figuran en la lista de las 60 instituciones que el Departamento de Educación amenazó con tomar medidas coercitivas si estas no cumplen "las leyes de derechos civiles contra el antisemitismo".
De hacerse real este señalamiento, American University, George Mason University, Johns Hopkins University y University of Virginia corren el riesgo de perder fondos federales “si no protegen a los estudiantes judíos del antisemitismo”.
Linda McMahon, secretaria de Educación, expresó en un comunicado que el Departamento está “decepcionado de que los estudiantes judíos que estudian en los campus de élite de Estados Unidos sigan temiendo por su seguridad en medio de los incesantes brotes antisemitas que han perturbado gravemente la vida en el campus durante más de un año. Los líderes universitarios deben hacerlo mejor”.
“Las universidades estadounidenses se benefician de enormes inversiones públicas financiadas por los contribuyentes estadounidenses. Ese apoyo es un privilegio y depende del cumplimiento escrupuloso de las leyes federales contra la discriminación”, agregó McMahon.
Instituciones notables como Harvard, Columbia y Cornell también se han enfrentado a una acusación de parcialidad antijudía en medio de las protestas pro palestinas. La Universidad de Columbia, en particular, ya ha visto reducida su financiación en 400 millones de dólares, con posibles consecuencias financieras mayores en caso de incumplimiento.
Esta advertencia se alinea con las intenciones del presidente Donald Trump de disolver el Departamento de Educación y frenar las protestas en los campus relacionadas con el conflicto entre Israel y Gaza.
Universidades bajo la lupa por supuesto antisemitismo
La detención de Mahmoud Khalil, graduado de Columbia y activista propalestino, junto con las investigaciones federales a 60 universidades por presunto antisemitismo, iniciaron el debate sobre una escalada en la represión de la libertad de expresión en los campus del país.
El arresto de Khalil, justificado con la revocación de su green card, parece una represalia directa por su activismo. Pero lo que nadie puede negar es que estas investigaciones generan un clima de temor y censura que amenaza el debate académico.
Este lunes mientras un juez federal bloqueaba la deportación del activista, cientos de manifestantes se reunieron en New York para denunciar el uso de la ley de inmigración como herramienta de represión política. Organizaciones de derechos civiles también advierten sobre el peligroso precedente que establece este caso.
