La administración Trump enfrenta una nueva batalla judicial tras la proclamación presidencial que busca deportar a ciudadanos venezolanos vinculados con el Tren de Aragua.
Para justificar la medida, Trump invocó la Alien Enemies Act de 1798, utilizada solo tres veces en la historia de EEUU, pero los tribunales reaccionaron con rapidez. El juez federal James Boasberg suspendió la orden de expulsión, abriendo un frente de disputa sobre el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria. ¿Entonces quién manda sobre las leyes?
Desobediencia calculada. Horas después de la orden judicial, informes indicaron que dos vuelos con venezolanos deportados habían aterrizado. A eso hay que sumarle otra cereza en el pastel: la deportación de Rasha Alawieh, profesora de la Brown University, presuntamente sin la notificación previa exigida por un tribunal.
Pero todo va más allá de un simple desacato. Si la administración Trump está dispuesta a ignorar fallos judiciales, se abre un precedente peligroso para el equilibrio de poderes. La independencia del sistema judicial solo es efectiva si el Ejecutivo acata sus decisiones. De lo contrario, la autoridad de los jueces se convierte en simbólica y el Estado de derecho queda sujeto a la voluntad política del presidente.
¿Quién detiene a un presidente en rebeldía? Si se confirma que Trump ignoró las órdenes judiciales, las opciones para hacerle frente son limitadas. Los mecanismos tradicionales, como el desacato, dependen del Poder Ejecutivo, lo que en este caso podría significar su ineficacia.
El impeachment es una opción teórica, pero políticamente inviable en un Congreso dividido. Así, este episodio no solo pone a prueba la separación de poderes, sino que también evidencia los límites del sistema legal ante un mandatario decidido a desafiarlo.
