La administración Trump ha cruzado una línea roja en su guerra contra la inmigración: ignorar abiertamente las decisiones judiciales. Cuando un juez federal ordenó detener los vuelos de deportación masiva, la Casa Blanca respondió con una mezcla de cinismo y desafío, alegando que ya era “demasiado tarde” y sugiriendo que el poder ejecutivo no tiene que rendir cuentas ante la justicia.
Más aún, la administración pidió un impeachment contra el juez que intentó frenar las deportaciones, una jugada que evidencia su intención de someter el poder judicial a su agenda MAGA (cueste lo que cueste).
Entre líneas. La disputa no es solo entre el Ejecutivo y los tribunales, sino un intento claro de transformar la separación de poderes en una simple formalidad. ¿Estamos ante una crisis constitucional? Por ahora, el escenario es inestable: se debilita el sistema judicial mientras el presidente busca consolidar –bajo sus normas– un modelo de gobierno donde el Ejecutivo no rinda cuentas ante la justicia.
En búsqueda del poder ilimitado
El choque entre la administración y el poder judicial no es nuevo, pero en este momento, alcanza un nivel más preocupante con el reciente intento de destituir a un juez federal por fallar en contra de las políticas migratorias del presidente.
El mensaje es claro: cualquier juez que se interponga en el camino del Ejecutivo será castigado.
Pero, la corte respondió: El presidente de la Corte Suprema, juez John Roberts, ya respondió al presidente: “el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial".
La Corte reafirmó que el poder judicial tiene la autoridad de revisar y bloquear acciones del Ejecutivo cuando violan la Constitución. Sin embargo, la Casa Blanca ha minimizado la importancia de esta decisión, sugiriendo que los tribunales no deberían interferir en lo que consideran decisiones de "seguridad nacional".
Control o nada
Trump y su equipo han hecho explícito su desprecio por la independencia judicial. Stephen Miller, uno de sus principales asesores, llegó a decir que los jueces de distrito no tienen autoridad sobre el presidente en cuestiones de seguridad nacional. Pero, el argumento choca con más de 200 años de jurisprudencia, incluyendo el icónico caso Marbury v. Madison, que estableció que el poder ejecutivo está sujeto a revisión judicial.
El uso extremo de poderes presidenciales también es preocupante. El presidente Trump invocó la Alien Enemies Act, una ley de hace más de dos siglos, para justificar deportaciones masivas sin el debido proceso.
Se trata de una norma usada en el pasado para justificar medidas como la detención de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La administración la está reinterpretando de manera agresiva para expandir el poder presidencial más allá de los límites constitucionales.
¿Y el Congreso? Un invitado más
El Congreso, que debería ser un contrapeso al Ejecutivo, muestra una preocupante inacción. Con los republicanos en control, la administración se siente con vía libre para desafiar la justicia sin consecuencias.
Incluso los pocos republicanos que en privado dicen estar preocupados por la erosión del sistema de pesos y contrapesos, no han tomado medidas efectivas para frenar el abuso de poder del presidente.
La justicia se mantiene firme. La Corte Suprema ha dejado en claro que la administración no puede ignorar las decisiones judiciales. Sin embargo, sin un Congreso dispuesto a actuar y con una Casa Blanca que ignora el Estado de derecho. ¿Qué tan cerca está Estados Unidos de una crisis constitucional irreversible?
Mano dura constitucional
Pese a que todo esto parece una crisis constitucional, algunos expertos dejan claro que todavía el país está lejos de ese punto pero sí podría entrar en una debacle política.
“Aunque Estados Unidos no se encuentra en medio de una crisis constitucional, está atrapado en una era de mano dura constitucional, que consiste en la disposición a aprovechar hasta el último recurso legal o tecnicismo legal para ganar puntos para el partido político”, dijo Sanford Levinson, profesor de derecho de la Universidad de Texas.
El Congreso tendrá la clave en esta lucha de poder: muchos republicanos, según dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer y reafirmó Levinson, han dicho que trabajarán para “defender a los tribunales” y la ley si Donald Trump intenta quebrantarla. Un claro ejemplo de cómo los legisladores podrían llegar al equilibrio y mantener la separación de poderes, un pilar fundamental en democracia.
