Desde el 20 de enero, cuando Trump firmó su nueva orden ejecutiva, el gobierno federal ha sido reconfigurado con una sola prioridad: deportar inmigrantes. Miles de agentes han sido reasignados desde otras áreas críticas, y hasta el 80% del personal de algunas agencias ahora se dedica casi exclusivamente a tareas migratorias.
Es la mayor reorganización de recursos federales desde el 11S, pero esta vez no es contra el terrorismo, el narcotráfico o los delitos financieros: el foco es migratorio, sin matices.
La justicia federal, absorbida por el nuevo mandato. La presión también ha transformado al sistema judicial. Los fiscales federales enfrentan una oleada de casos migratorios que ha cuadruplicado las acusaciones en ciudades como San Diego, y en lugares como Detroit, donde antes eran casi inexistentes, se han multiplicado por diez.
El Departamento de Justicia ha instruido a sus fiscales a priorizar estos casos por encima de todo, y agentes de la DEA reciben órdenes de reabrir investigaciones cerradas si el acusado está en situación migratoria irregular.
¿Qué amenazas quedan fuera del radar? El costo de esta reconversión no está solo en los números, sino en lo que se deja de atender. Cerca del 25% del trabajo de la DEA y el 80% de los agentes de la ATF se han volcado a funciones migratorias, dejando menos recursos para perseguir carteles de drogas o traficantes de armas. Los agentes especializados en protección infantil de HSI, que hasta hace poco investigaban redes de abuso y explotación, ahora están aprendiendo tácticas como “tocar y hablar” para atraer inmigrantes fuera de sus casas.
La pregunta ya no es solo cuántas personas se deportan, sino qué otras prioridades está dejando de lado Estados Unidos en el proceso.
