Desde la derecha hasta la izquierda, el patrón se repite, evidenciando una común tendencia a priorizar la "seguridad" o los "intereses nacionales" por encima de los derechos individuales y las garantías democráticas.
El país, cuya historia también está marcada por la figura de Lincoln, ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de más de dos siglos de antigüedad, para combatir la inmigración ilegal. Esta ley, promulgada en 1798, se ha invocado en momentos de conflicto bélico para justificar la detención y expulsión de ciudadanos de naciones consideradas enemigas.
Durante las guerras mundiales, por ejemplo, esta ley sirvió de base para internar a miles de personas, en muchos casos, únicamente por su origen étnico. La invocación de la “seguridad nacional” en estos contextos ha permitido la vulneración de derechos fundamentales, estableciendo un precedente preocupante sobre el alcance del poder presidencial en situaciones de crisis
La reciente controversia en torno a la invocación de esta ley por parte del gobierno de Donald Trump para deportar a inmigrantes venezolanos ha generado un intenso debate. El presidente minimizó su participación directa, afirmando no haber firmado la proclamación, aunque respaldó la medida. Sin embargo, el Registro Federal muestra su firma, lo que contradice sus declaraciones. Un juez federal criticó la forma en que se llevó a cabo el proceso, calificándolo de "firmado en la oscuridad".
La Casa Blanca intentó aclarar las declaraciones de Trump, indicando que se refería a la ley original de 1798 y no al decreto reciente que invoca dicha ley para designar al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera. No obstante, la mención específica de Trump a Marco Rubio y su afirmación de que "otras personas se encargaron" siembra dudas sobre la versión oficial.
En el contexto latinoamericano, el gobierno de Salvador Allende en Chile recurrió a un decreto emanado de la efímera "República Socialista" de 1932, con el objetivo de expropiar industrias consideradas estratégicas. Esta medida, de controvertida legitimidad, impactó negativamente la economía chilena y generó amplio debate debido a su endeble base legal y las severas consecuencias para la propiedad privada. Cabe destacar que, tras la transición democrática, ningún gobierno chileno, incluidos aquellos de inclinación socialista, volvió a invocar dicho decreto.
“Se nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio […] Las circunstancias de Rusia en el año 17 y de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante […]. Como Rusia entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista […]. En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica, como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad”.
(Salvador Allende, Primer Mensaje del presidente Allende al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971).
La historia muestra que el poder sin controles deriva en autoritarismo, sin importar la ideología. La defensa de los derechos individuales y las garantías democráticas debe ser una prioridad constante, incluso en tiempos de crisis. La tentación de recurrir a leyes excepcionales o interpretaciones forzadas debe ser resistida, ya que sienta un precedente peligroso cuando se usa el pasado para convertir el presente en un peligroso futuro.
