El fiscal general Brian L. Schwalb anunció este lunes que la empresa local de viajes compartidos por suscripción RubiRides Technologies, Inc. (RubiRides) y su directora ejecutiva y fundadora, Noreen Butler, deben reembolsar a las familias por servicios que nunca recibieron, pagar $50,000 en multas y “suspender permanentemente sus operaciones en el Distrito a menos que reformen significativamente sus prácticas comerciales”.
Este acuerdo pone fin a una investigación de la fiscalía general (OAG) sobre RubiRides, la cual halló evidencia de que la empresa se promocionó engañosamente como una alternativa de transporte seguro para niños mientras operaba sin las licencias requeridas, no entregó los reembolsos prometidos después de que el servicio dejó de ofrecer viajes y, en algunos casos, cobró a los clientes por viajes que no proporcionó.
“Esta investigación y acuerdo no solo pone fin a un negocio peligroso y sin licencia, sino que también devuelve dinero a los padres que pagaron por servicios de transporte que nunca recibieron”, declaró el fiscal general Schwalb, en un comunicado.
“Seguiremos aplicando la ley para proteger la seguridad pública, garantizar que los consumidores de DC reciban un trato justo y asegurarnos de que todos los negocios que operan en el Distrito cumplan con las normas”.
RubiRides es una empresa de viajes compartidos que ofrecía servicios de transporte para niños en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. La empresa, que operó en Washington D.C. desde agosto de 2021 hasta que suspendió sus operaciones en enero de 2024, se promocionaba entre padres y cuidadores como un servicio de alta gama para el transporte seguro de niños.
Los consumidores pagaban cuotas de suscripción mensuales o anuales para acceder a RubiRides y precargaban fondos en sus cuentas para reservar viajes para los niños a su cargo.
Para diciembre de 2023, RubiRides comenzó a experimentar importantes problemas operativos y no proporcionó los viajes prometidos a sus suscriptores. En algunos casos, se cancelaron viajes programados para niños sin explicación alguna, y a varias familias se les cobraron viajes que no se realizaron.
RubiRides también dejó de responder a las solicitudes de cancelación y reembolso de sus clientes. Cuando la compañía suspendió sus operaciones en enero de 2024, continuó cobrando a las familias cuotas de suscripción por servicios que ya no existían y no reembolsó los saldos de las cuentas de los clientes, que oscilaban entre $100 y $1,000 por familia.
Tras recibir quejas de múltiples clientes de RubiRides, la fiscalía general abrió una investigación y halló pruebas de que la empresa había violado las leyes de protección al consumidor de Washington D. C. de diversas maneras, incluyendo operar sin las licencias requeridas, engañar a los consumidores sobre sus servicios, cobrar cuotas de suscripción por un servicio inactivo y no proporcionar los reembolsos prometidos.
Según los términos de un acuerdo de conciliación que resuelve estas acusaciones, RubiRides y Butler deben:
- Reembolso total a los consumidores afectados. RubiRides debía reembolsar a todos los consumidores de Washington D. C. con saldos pendientes. Durante la investigación de la fiscalía general, RubiRides reembolsó $3,439 a ocho consumidores afectados de Washington D. C. Además, como parte del acuerdo, la compañía debía realizar una revisión exhaustiva para garantizar que no se adeudaran reembolsos ni tuvieran saldos pendientes a otros consumidores de Washington D. C.
- Pagar $50,000 en multas.
- Suspender permanentemente las operaciones de viajes compartidos a menos que reformen significativamente sus prácticas comerciales. RubiRides debe cesar sus operaciones en el Distrito —y Butler no debe operar ningún negocio de viajes compartidos ni de conducción en DC— a menos que el negocio obtenga todas las licencias requeridas, contrate personal para brindar atención al cliente en vivo durante el horario laboral, cree e implemente un proceso sencillo para que los consumidores cancelen suscripciones y obtengan los saldos de sus cuentas, e implemente una política para retener las quejas de los consumidores que se pondrá a disposición de la OAG.
Una copia del acuerdo de conciliación está disponible aquí .
Este asunto fue manejado por la fiscal general Adjunta Brittany Nyovanie, bajo la supervisión del director de la Oficina de Protección al Consumidor Adam Teitelbaum y el director Adjunto de la Oficina de Protección al Consumidor Kevin Vermillion.
Cómo denunciar prácticas comerciales desleales
La Procuraduría General (OAG) protege a los residentes de Washington D.C. del fraude, la explotación y las prácticas comerciales engañosas mediante la investigación y mediación de quejas de consumidores, la educación de los residentes sobre sus derechos y la adopción de medidas legales contra empresas e individuos que perjudican a los residentes e infringen la ley. Desde enero de 2023, la OAG ha obtenido casi 80 millones de dólares mediante acciones de cumplimiento y acuerdos en nombre de los consumidores de Washington D. C.
Para denunciar estafas, fraudes o prácticas comerciales desleales, comuníquese con la Oficina de Protección al Consumidor de la Procuraduría General:
- Presente una queja en línea en: https://oag.dc.gov/consumer-protection/submit-consumer-complaint
- Llame a la línea directa de protección al consumidor al (202) 442-9828
- Envíe una queja por correo electrónico a consumer.protection@dc.gov
