La ofensiva migratoria de la administración Trump ha escalado en retórica y presencia mediática, pero no siempre en evidencia judicial. En las últimas semanas, altos funcionarios han calificado públicamente a detenidos como terroristas o líderes de pandillas sin respaldar esas acusaciones en los tribunales.
El caso más visible: el de Henrry Josue Villatoro Santos, un joven salvadoreño de 24 años, señalado por la fiscal general Pam Bondi como uno de los líderes de MS-13 en EEUU. En la corte, sin embargo, solo enfrentó cargos por posesión ilegal de armas, que luego fueron retirados. Fue deportado sin que se probara su supuesta conexión con la pandilla.
La justicia desplazada por la narrativa pública. La administración ha optado por construir narrativas potentes en ruedas de prensa, en lugar de presentar pruebas formales. Esto no es un desliz técnico: es una estrategia. Como explica la profesora Rebecca Roiphe de NY Law School, se trata de "una táctica legal usada para servir a una agenda política".
Mientras tanto, en casos como el de Kilmar Abrego García—deportado sin antecedentes criminales y luego acusado públicamente de trata de personas—los jueces federales han obligado a revertir decisiones basadas en afirmaciones no corroboradas. La desconexión entre el discurso y los expedientes judiciales erosiona el principio básico de que toda persona debe poder enfrentar y refutar las acusaciones en un tribunal.
Criminalizar sin procesar: la paradoja de la seguridad. Paradójicamente, muchos de los presuntos criminales peligrosos no están siendo procesados en EEUU, sino deportados sin juicio, dejando el proceso judicial en manos de gobiernos extranjeros o directamente cerrado. En marzo, el Departamento de Justicia abandonó un caso contra un alto líder de MS-13, citando razones de política exterior.
La consecuencia de esta estrategia es doble: por un lado, el gobierno se reserva el derecho de moldear la opinión pública sin enfrentar el escrutinio del debido proceso; por otro, evita sentar precedentes legales que podrían ser desafiados en tribunales. En un momento donde la administración afirma priorizar la seguridad nacional, optar por titulares sin juicios debilita la base legal de su cruzada migratoria.
