El senador de Maryland Chris Van Hollen visitó este miércoles a El Salvador con el objetivo de conseguir la liberación de Kilmar Abrego García y se reunió con el vicepresidente Félix Ulloa. El gobierno salvadoreño reiteró que su administración no tiene planes de devolver al inmigrante a Estados Unidos, incluso en medio de una directiva del Tribunal Supremo estadounidense.
La negativa de Ulloa a permitir que Van Hollen visitara a Abrego García en prisión aumentó aún más las tensiones. Van Hollen cuestionó las pruebas que sustentaban la detención de Ábrego García y presionó para que fuera puesto en libertad.
"¿Por qué el gobierno de El Salvador sigue encarcelando a un hombre sin tener pruebas de que haya cometido ningún delito ni haber recibido ninguna prueba de Estados Unidos? Deberían dejarlo ir", declaró Van Hollen a la prensa tras la reunión.
La administración estadounidense acusa a Ábrego García de estar afiliado a la banda MS-13, pero su equipo legal y sus partidarios refutan enérgicamente estas afirmaciones, lo que pone de relieve el discurso polarizado que rodea a las políticas de inmigración.
La medida de la administración Trump provocó reacciones en los círculos políticos estadounidenses. La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, criticó a los demócratas por dar prioridad al caso de Ábrego García, sugiriendo que pasan por alto a las víctimas de delitos estadounidenses.
Mientras tanto, los demócratas aprovecharon este momento para destacar los supuestos excesos judiciales de la administración de Trump. El senador de Nueva Jersey Cory Booker, junto con los demócratas de la Cámara de Representantes, consideró unirse a Van Hollen en sus esfuerzos, lo que refleja una creciente urgencia entre los líderes demócratas para poner de relieve lo que consideran una crisis constitucional.
Algunos republicanos, entre ellos los representantes Riley Moore y Jason Smith, visitaron cárceles salvadoreñas para reforzar su enfoque en los impactos de la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos criticaron las prácticas penitenciarias de El Salvador.
Acusaron al gobierno de abusos sistémicos, contrastando las estrictas políticas antipandillas del presidente Nayib Bukele. A pesar de estas críticas, la postura de Bukele sigue siendo popular en el país, con 84.000 personas encarceladas bajo su régimen.
Después de su encuentro, Van Hollen afirmó que Abrego García fue "secuestrado ilegalmente de los Estados Unidos", que no había cometido ningún crimen y prometió que continuaría ejerciendo presión sobre el caso.