Hannah Dugan, jueza del condado de Milwaukee, fue detenida por el FBI y acusada de obstruir a agentes de Inmigración tras supuestamente haber guiado a un imputado indocumentado –Eduardo Flores-Ruiz– hacia una salida privada de su tribunal para evitar su arresto.
Se trata del primer procesamiento penal de la era Trump contra un magistrado estatal por “interferir” en operativos migratorios, un paso que eleva la tensión entre el Departamento de Justicia y los jueces locales que reclaman autonomía en sus salas.
¿Justicia o mensaje político? Según la acusación, Dugan ordenó a los agentes federales abandonar el edificio porque no traían una orden judicial y, minutos después, escoltó al acusado por una puerta de acceso restringido.
El nuevo marco emanado del memorando de enero del fiscal adjunto Emil Bove insta a criminalizar a funcionarios que “obstruyan” a ICE; para críticos como la Asociación de Jueces de Wisconsin, el caso pone en jaque la separación de poderes: “Nunca se había usado el Código Penal federal para disciplinar la discrecionalidad de un juez”, alerta un portavoz.
El precedente que todos leerán con lupa. La Casa Blanca defiende la medida como parte de su estrategia “cero tolerancia”, mientras figuras demócratas advierten que perseguir jueces locales abre la puerta a un modelo en el que la lealtad federal se impone a la función garante de los tribunales estatales.
Si la condena prospera, sentará la base para acusaciones similares en todo el país; si fracasa, reforzará el argumento de que la línea entre política migratoria y debido proceso sigue donde siempre: en la toga del juez.
