El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador se ha convertido en un componente clave de la estrategia de deportación de Estados Unidos, al albergar a migrantes deportados bajo acusaciones de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la MS-13.
Siguiendo la noticia. Este acuerdo bilateral ha generado controversia y plantea interrogantes sobre los costos asociados y los ahorros para Estados Unidos.
Según el acuerdo entre el gobierno norteamericano y el presidente Nayib Bukele, el país centroamericano recibe $20,000 anuales por cada detenido enviado al CECOT. Este monto es significativamente superior al gasto diario promedio que El Salvador destina a sus reclusos nacionales.
Mientras que el Estado salvadoreño invierte aproximadamente $5.94 diarios por cada privado de libertad local, lo que equivale a alrededor de $2,166 anuales, para los deportados estadounidenses se dispone de $54.80 diarios.
En total, Estados Unidos transfirió unos 6 millones de dólares para cubrir los gastos de detención de cerca de 238 a 300 detenidos, principalmente venezolanos vinculados a pandillas, durante un año en el Cecot.
El costo aproximado por detenido en cárceles norteamericanas varía según el estado y el nivel del sistema penitenciario (federal, estatal o local), pero se pueden identificar rangos generales basados en datos recientes. En promedio el costo anual por cada preso es de aproximadamente 27,300 dólares, cifra que ha aumentado un 20.5% en cinco años desde 2001.
En estados con costos más altos, como California, el gasto anual por preso puede alcanzar los 75,560 dólares, siendo el costo más alto del país. Este monto supera incluso la matrícula anual de universidades prestigiosas como Harvard.
En Estados Unidos, aproximadamente el 8% al 12% de la población carcelaria total está en prisiones privadas, mientras que el resto está en cárceles administradas por el gobierno federal, estatal o local. En números, esto equivale a alrededor de 100,000 a 130,000 presos en cárceles privadas de un total de más de 1.5 a 2 millones de personas encarceladas en el país.
