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Virginia refuerza los derechos de los padres en políticas educativas

El Departamento de Educación de los Estados Unidos instruyó a todos los estados para demostrar que sus escuelas cumplen con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

Foto: Pavel Danilyuk/Pexels.

Bajo la presión de posibles sanciones federales, las 136 agencias educativas locales en Virginia, incluyendo escuelas públicas, el Centro de Justicia Juvenil de Virginia y la Escuela para Sordos y Ciegos, confirmaron al Departamento de Educación de Virginia que cumplen con las leyes de derechos parentales.

Requerimientos federales y preocupación por FERPA

El pasado 28 de marzo, el Departamento de Educación de los Estados Unidos instruyó a todos los estados para demostrar que sus escuelas cumplen con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) antes del 30 de abril. Esta ley protege el acceso de los padres a registros educativos y establece estándares de seguridad para los estudiantes. Además, la ley requiere que las escuelas notifiquen anualmente a las familias sobre sus derechos y el acceso de reclutadores militares a información estudiantil.

El gobierno federal mostró preocupación por la cantidad de quejas sobre escuelas que, según se reporta, ocultan información a los padres, incluyendo registros relacionados con transiciones de género. Linda McMahon, secretaria de Educación de Estados Unidos, calificó estas prácticas como alarmantes. “He estado impactada al saber que las escuelas ocultan información vital sobre la salud mental y física de los estudiantes a sus familias”, expresó en una carta oficial según Virginia Mercury.

McMahon enfatizó que estas acciones, especialmente aquellas que guían a los jóvenes hacia decisiones con “repercusiones irreversibles”, deben terminar. La carta también advirtió que las escuelas enfrentan investigaciones y posible pérdida de fondos federales si incumplen con estos estándares.

Más allá de lo federal, Virginia eleva los estándares

El Departamento de Educación de Virginia aseguró que todas las agencias educativas en el estado exceden las expectativas federales. Según ellos, las leyes estatales imponen estándares más altos para la divulgación de información estudiantil, protegiendo datos como direcciones, correos electrónicos y números telefónicos de los alumnos. Estas medidas van más allá de lo requerido por FERPA, según datos reportados por las fuentes de WTOP.

Mientras que FERPA define algunos datos como “información de directorio” que puede revelarse sin consentimiento previo, las regulaciones estatales permiten a los padres optar por excluir dichos datos de las listas públicas.

Prioridad de derechos parentales en la administración Youngkin

El gobernador Glenn Youngkin y otros republicanos en el estado han reforzado medidas para fortalecer los derechos parentales en la educación. Entre esas acciones Virginia Mercury destaca la obligación de notificar a las familias sobre incidentes como sobredosis de drogas en el entorno escolar y la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas. Además, aprobaron leyes que exigen a las escuelas informar sobre la existencia de materiales sexualmente explícitos en las bibliotecas escolares.

Youngkin también intentó añadir elementos de la llamada “Ley Sage” a una legislación existente. Esta propuesta habría obligado a las escuelas a avisar a los padres si un estudiante solicitaba apoyo respecto a un cambio de identidad de género. Sin embargo, dicha enmienda fue rechazada en la legislatura estatal.

La “Ley Sage” y sus desacuerdos en la Asamblea

La Ley Sage, nombrada en honor a un caso que generó gran impacto mediático, ha pasado por dos años consecutivos sin recibir aprobación definitiva. Este proyecto, propuesto por el delegado Nick Freitas, buscaba garantizar que los padres recibieran información esencial sobre decisiones relacionadas con la salud mental de sus hijos. Sin embargo, los demócratas en el Senado de Virginia bloquearon la medida, lo que generó tensiones entre ambos partidos.

El rechazo a esta propuesta llevó a Youngkin a vetar otro proyecto legislativo que promovía la seguridad en el almacenamiento de armas y medicamentos en casa. Según el gobernador, esta legislación pasó por alto otras responsabilidades legales de los padres, como proteger a los niños de abusos, negligencia o explotación.

¿Qué implica este cumplimiento para las familias?

Para muchos padres en Virginia, estas medidas refuerzan su confianza en el sistema educativo. Aunque respetar los altos estándares impuestos por el estado demanda esfuerzos adicionales, las escuelas estatales aseguran cumplir con su compromiso de transparencia y colaboración con las familias.

Sin embargo, el debate no parece cerrarse pronto. El conflicto entre la protección de los derechos parentales y la privacidad de los estudiantes seguirá siendo un tema candente en los próximos meses. Lo que es claro, es que los derechos de las familias están en el centro de las decisiones educativas en Virginia hoy en día.

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